MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Plena inclusión ha reclamado a la Administración la creación de un parque de vivienda sociales de, al menos, 4.000 pisos para cubrir las necesidades de vivienda que, según han denunciado, sufren las personas con discapacidad intelectual, sobre todo en las grandes ciudades.
La presidenta de la entidad, Carmen Laucirica, cree que el Gobierno debería tener “una mayor sensibilidad” ante esta demanda social. Y ha lamentado que, justo en la semana en la que el presidente del Ejecutivo ha anunciado el propósito de adjudicar 50.000 viviendas públicas para colectivos que lo necesiten, no se haya detenido en pensar en este colectivo.
“La vivienda y los apoyos para la vida independiente son el futuro de los sistemas de servicios sociales. La Ley de Vivienda y la revisión del Sistema de Dependencia deben articular apoyos personalizados en comunidad, flexibles y suficientes en viviendas que cuenten con las condiciones exigibles de accesibilidad cognitiva”, ha advertido.
Desde Plena inclusión se recuerda que “la aspiración de la mayoría de estas personas se proyecta en una vida independiente”, tanto entre aquellas que tienen grandes necesidades de apoyo como entre quienes no las presentan.
En este sentido, destaca el proyecto ‘Mi Casa, una vida en comunidad’, financiado por la Unión Europea y patrocinado por el Gobierno, que está validando nuevas soluciones de apoyo que promueven la vida independiente, la inclusión comunitaria y la contribución social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Sin embargo, Plena Inclusión advierte de que las carteras de servicio de la dependencia no sirven para responder a las necesidades de las personas pues, a veces, promueven la dependencia y la institucionalización.
Laucirica ha señalado que “una verdadera sociedad inclusiva, donde se promueva un nuevo enfoque sobre la política de los cuidados debe hacerse posible en un espacio comunitario en el que todas las personas puedan desarrollar vidas elegidas”.
La exclusión residencial del colectivo de la discapacidad intelectual y del desarrollo es un problema que debe ser abordado en la Ley de Vivienda haciendo efectivo el derecho a la vivienda y reduciendo las listas de espera”, ha concluido.
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