MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
Plena inclusión España reivindicó este martes el desarrollo del facilitador procesal para apoyar a las personas con discapacidad intelectual involucradas en un proceso judicial, “como garantía de su acceso igualitario a la justicia”.
Según un estudio de la confederación, solo el 31,5% de las personas con discapacidad intelectual inmersas en procesos judiciales disponen de este apoyo, por lo que “la gran mayoría del colectivo se ve sometida a una clara situación de indefensión, al encontrarse envuelta en un procedimiento que no comprenden”.
La presidenta de Plena inclusión, Carmen Laucirica, reclamó al Ministerio de Justicia que “avance en el reconocimiento de la figura de la persona facilitadora, ya que esta carece de perfil profesional asociado”.
Esto “pone en peligro su desarrollo y genera confusión sobre cuáles son sus funciones y competencias”, agregó.
Laucirica señaló también que la figura del facilitador procesal “ya fue reconocida legalmente como un profesional experto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y de Jurisdicción voluntaria”, y que desde septiembre de 2021, su intervención resulta exigible en cualquier procedimiento en el que se considere necesaria.
Sin embargo, “salvo alguna iniciativa muy aislada, no existe ninguna financiación pública asociada al despliegue y consolidación de esta figura”, lamentó.
Sus servicios son prestados y financiados por las asociaciones de Plena inclusión, que “son entidades sin ánimo de lucro”, explicó.
Para contribuir a su desarrollo, la confederación presentó hoy dos documentos: el protocolo de actuación del facilitador, sobre su participación en el procedimiento y cuestiones relacionadas con su naturaleza jurídica, y la propuesta de desarrollo profesional de la figura del facilitador procesal, referida a sus fuciones, competencias,
perfiles profesionales y formación mínima exigible.
Según Plena inclusión, la figura del facilitador es imprescindible para una comunicación eficaz entre la persona con discapacidad y el resto de personas con las que interactúa en un procedimiento judicial, así como para que esta comprenda el proceso. Además, “agiliza el procedimiento, evita la revictimización, contribuye a eliminar prejuicios y contribuye a humanizar la justicia, entre otros efectos añadidos”, concluyó.
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