MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
Representantes de la administración y derechos sociales y expertos en accesibilidad reclamaron este viernes en el Foro Inserta Empleo Público, celebrado en el Congreso de los Diputados, “repensar” los procesos de selección de personas con discapacidad en el acceso al empleo público para evitar que el 53% de las plazas queden desiertas.
Así se puso de manifiesto durante la mesa sobre ‘El empleo público del siglo XXI en el marco de los ODS y la agenda 2030’, en la que participaron la consejera de Derechos Sociales y de Empleo del Gobierno de Navarra, María Carmen Maeztu; el consejero de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, Carles Campuzano; la vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular y diputada nacional, Carmen Navarro; y el presidente de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, Joan Ruiz i Carbonell, y que fue moderada por el CEO de Social Innovation Consulting, Íñigo Alli.
Una de las principales conclusiones de la mesa fue que se necesita “repensar nuestros procesos de selección y de incorporación de las personas con discapacidad a la administración pública, singularmente en el caso de las personas con discapacidad intelectual”, como señaló Joan Ruiz i Carbonell.
Además, en la mesa se abogó por realizar un “acompañamiento a las personas con discapacidad que acceden a empleo públicos”, especialmente aquellas con discapacidad intelectual, y por una “adaptación específica” de las pruebas de acceso a empleo público.
Para Carles Campuzano, “es relativamente fácil modificar la ley, lo que sabemos que no es tan fácil es desplegar las políticas orientadas a generar oportunidades de empleo para las personas con discapacidad en un panorama en la que las cifras globales del empleo son significativamente malas en tasas de empleo”.
Recordó que “hay cerca de 40 puntos de diferencia entre las tasas de actividad y las tasas de ocupación de empleo entre las personas con discapacidad y el resto de la población”, ya que “las tasas de desempleo doblan las tasas de desempleo del conjunto de la población con salarios significativamente inferiores”.
Para Carmen Navarro, lo ideal es “que el empleo público de las personas con discapacidad sea un laboratorio para el empleo de las personas con discapacidad. Es necesario simplificar la legislación, ya que sólo se cubre el 53% de las plazas para personas con discapacidad en la administración pública.
Agregó que “en los grupos más altos A1 y A2, sólo se cubre el 20% de las plazas con reserva de discapacidad y hay que sensibilizar a estas personas de que pueden conseguir acceder a ellas, para que el talento no se quede fuera”.
Como ejemplo de inclusión en el sector público, María Carmen Maeztu compartió una experiencia que se realiza en Navarra: “Tenemos una orden foral que regula las normas también de gestión de la contratación temporal y en este caso las personas que tienen discapacidad. Cuando se van a cubrir plazas temporales dentro de la administración, tienen prioridad para el llamamiento en las listas las personas con discapacidad”. Este hecho ha supuesto “hasta 400 valoraciones” para hacer posible el acceso al empleo público de personas que estaban en listas de contratación.
TECNOLOGÍA PARA EL EMPLEO
La siguiente mesa versçp sobre ‘El empleo de las personas con discapacidad con la tecnología como aliada’ y contó con la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Fuertes; David Luquin, representante de la Dirección General para el Avance Digital del Gobierno de La Rioja; y el director de Accesibilidad e Innovación en Fundación ONCE, Jesús Hernández-Galán, y fue moderada por la secretaria general y directora de Transformación y Excelencia de Fundación ONCE y secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo.
Carcedo ponderó el marco del Foro, el Congreso de los Diputados, el lugar donde se defiende los derechos y destacó “la digitalización y la transformación de la administración, que tiene incluir inteligencia artificial y el big data”.
En la misma línea, Sonia Fuertes Ledesma afirmó que en el “momento de la incertidumbre que estamos viviendo, la tecnología puede ser una aliada y puede permitir una inserción laboral y de la promoción de las personas con discapacidad”.
Añadió que “también se pueden facilitar las ayudas a los ciudadanos mediante la tecnología” y para ello es muy importante “incorporar la diversidad en el diseño” para que éste sea accesible.
Por último, Jesús Hernández-Galán destacó que muchas personas no tienen acceso a la tecnología por falta de accesibilidad y afirmó que desde la administración se debería “obligar a las compañías que liciten que cumplan los criterios de accesibilidad”.
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