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Perú solicita a Bolivia que revoque la designación de su cónsul en Puno, debido a que ha ejercido sin la debida acreditación

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MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Perú ha pedido a Bolivia que dejen sin efecto la designación de su cónsul en Puno, Lidia Patty Mullisaca, ya que estaría ejerciendo el cargo sin haber recibido las credenciales por parte de las autoridades andinas.

La ministra de Exteriores peruana, Ana Cecilia Gervasi, ha explicado que la funcionaria boliviana, que habría estado relacionada con el expresidente Evo Morales, está ejerciendo funciones desde el 1 de junio, por lo que ha denunciado que está trasgrediendo las normas sobre las relaciones consulares.

“Se tiene evidencia de que la persona ha ejercido funciones consulares desde el 1 de junio, motivo por el cual la Cancillería comunicó a la Embajada de Bolivia que dicha funcionaria no podía ejercer funciones consulares, porque su designación no ha sido admitida por el Gobierno del Perú”, ha indicado ante la Comisión de Exteriores del Congreso, según recoge la emisora RPP.

“La realización de funciones consulares por el jefe de una oficina consular que no ha sido admitido como tal por el Estado receptor, constituye una trasgresión de las normas de la Convención de Viena”, ha agregado.

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Patty llegó a Perú por tierra, por la frontera de Desagüadero, y su solicitud para que le otorgaran su credencial fue enviada al Ministerio de Exteriores peruano el pasado martes, por lo que su candidatura comenzó a revisarse el pasado jueves, según fuentes consultadas por el diario ‘Perú 21’.

Fuentes del Ministerio de Exteriores consultadas por este el citado periódico señalaron que su credencial todavía estaba en evaluación y que no había un tiempo específico para que se la entregaran.

Mullisaca, que confirmó su nombramiento a la prensa agradeciendo a Luis Arce “por haber tomado en cuenta a una indígena originaria campesina para representar al país”, denunció en diciembre de 2020 a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez y otros funcionarios de su Gobierno por asumir “irregularmente” el cargo tras la renuncia de Evo Morales en 2019, acción por la que la exmandataria cumple una condena de diez años de prisión.


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