MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Perú ha asegurado que responderá ante “un exceso” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que este martes pidiera al Estado que no apruebe el proyecto de ley que considera prescrito cualquier delito de lesa humanidad o crimen contra la humanidad perpetrado antes de 2002.
“Decirle al Parlamento lo que tiene que hacer es un exceso que no se ha visto” antes, ha señalado este viernes el ministro de Exteriores peruano, Javier González-Olaechea en una entrevista para la cadena Willax recogida por la agencia Andina.
Estas críticas llegan después de que, a pesar de la petición de la CIDH, el Congreso de Perú haya aprobado este jueves el mencionado proyecto de ley que incluye al expresidente Alberto Fujimori –que está siendo procesado por las esterilizaciones forzadas de indígenas–, que ha afirmado que se presentará a las próximas elecciones presidenciales de 2026.
El titular de Exteriores ha asegurado que el Ejecutivo peruano responderá “acorde a los requerimientos de la Presidencia” ante el pronunciamiento de la CIDH, de la que se ha preguntado si “en la práctica, ¿es legisladora también?”.
Este martes, la CIDH requirió al Estado peruano que tomase, a través de sus tres Poderes, “las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto” a fin de “garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas” de casos conocidos como Barrios Altos y La Cantuta.
En este sentido, la Corte alegó que la ley “provocaría un daño irreparable en materia de superación de la impunidad, dejando sin efecto útil dichas sentencias”.
La proposición de ley declara la prescripción de los procesos relativos a delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
El texto permitiría así paralizar cualquier investigación y proceso judicial activo relativo a casos relevantes de las décadas de 1980 y 1990. De la misma forma, la legislación anularía las penas impuestas en casos correspondientes al mandato de Fujimori, excarcelado en diciembre de 2023 bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias y pese a la objeción de la Justicia interamericana.
Fujimori, de 85 años, se encuentra en hospitalizado tras haber sufrido una fractura de cadera como consecuencia de una caída en su habitación. El exmandatario fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de usurpación de funciones, homicidio calificado con alevosía y secuestro, peculado y falsedad ideológica, corrupción y espionaje.
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