MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La Asociación local de vecinos de As Conchas (Ourense) y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, junto a siete ciudadanos particulares, han presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por violación de derechos humanos contra la Xunta de Galicia, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y los Concellos de Bande, Muiños, Lobeira, Trasmiras y Os Blancos por “permitir durante décadas” la contaminación del embalse de As Conchas (Ourense)”.
Amigas de la Tierra y ClientEarth dan su apoyo al litigio, que se basa en la acusación de que las autoridades denunciadas no han garantizado los derechos fundamentales de las personas que habitan en la zona, en particular el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y el trato degradante, el derecho a la vida privada y familiar y al domicilio y la protección de la propiedad.
De acuerdo con Amigas de la Tierra, este caso judicial “marca un precedente en Europa”, ya que por “primera vez” un tribunal evaluará el impacto de la ganadería industrial en los recursos hídricos desde una perspectiva de derechos fundamentales. En concreto, critica la falta de control de las administraciones públicas respecto al tratamiento que debe darse al exceso de purines y gallinaza, la mezcla de excrementos y agua, principal residuo de la ganadería industrial.
Según la organización, las condiciones de vida en la zona se han deteriorado gravemente por la contaminación provocada por los “cientos” de explotaciones ganaderas intensivas que operan en la zona debido a las autorizaciones que la Xunta ha otorgado “de forma permisiva”. “La población se expone a graves riesgos para su salud y teme beber agua de los pozos, mientras que el hedor no permite ni tan siquiera abrir las ventanas. En determinados casos las aguas de abastecimiento municipal también están contaminadas”, según denuncia.
Amigas de la Tierra advierte de que el nivel de nitratos registrado en el embalse es “extremadamente elevado”, lo que supone un factor de riesgo de distintos tipos de cáncer, entre los que incluyen el cáncer de tiroides, mama, ovarios, estómago, páncreas y vejiga. A su vez, relata que su presencia también se ha asociado con el linfoma no Hodgkin (LNH) y la metahemoglobinemia, enfermedad que se origina en la sangre y que puede ser mortal.
Además, asegura que los estudios de los que se disponen revelan la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos en el embalse, conocidas por provocar enfermedades complicadas de tratar (o imposibles en algunos casos). Asimismo, señalan que el “intenso hedor” procedente de estas explotaciones intensivas viene provocado, según la demanda, por unas finas partículas en el aire que pueden causar problemas respiratorios y asma, especialmente a los más vulnerables, niños y personas mayores.
13 AÑOS TRATANDO DE ENTABLAR DIÁLOGO CON EL GOBIERNO
Amigas de la Tierra detalla que la contaminación se retrotrae a 2011, cuando se produjo una explosión de cianobacterias en el embalse y la superficie quedó cubierta por una película verde. Desde entonces, explica que los demandantes han intentado “entablar un diálogo” con las autoridades autonómicas y locales sobre los elevados niveles de contaminación con los que conviven, pero no han visto que hasta la fecha hayan tomado ninguna medida al respecto.
De hecho, argumentan ante el TSJG que la administración en ocasiones ni siquiera cumple con el requisito mínimo a la hora de alertar a los residentes sobre la toxicidad del embalse.
En palabras de Blanca Ruibal, representante de Amigas de la Tierra, este modelo de ganadería “conlleva perjuicios para las personas y el entorno”. Según dice, las autoridades tienen la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales de la población. Para ello, cree “urgente” que se establezca un plan de reducción de la ganadería industrial mientras que se apuesta por la ganadería extensiva, la agroecología y modelos de producción de alimentos que respeten los límites de los ecosistemas y contribuyan a frenar la despoblación y mantener un mundo rural vivo.
Nieves Noval, abogada de ClientEarth, añade que las autoridades “han fallado” a las personas residentes de la región de A Limia y de As Conchas ya que a pesar de ser “plenamente conscientes” del impacto real que la ganadería industrial ejerce sobre la zona, continúan autorizando estas explotaciones de manera “permisiva y reiterada”.
Por su parte, el director de CECU, David Sánchez, ha exigido a las administraciones competentes que actúen para ponerle solución a este problema, ya que no es aceptable que las vecinas y vecinos tengan que abastecerse por medio de camiones cisterna o agua embotellada, con el evidente trastorno y limitación de las actividades más cotidianas que eso supone.
“Hemos hablado muchas veces de estas cuestiones con los gobiernos autonómico y local directamente, pero tenemos la sensación de que no nos escuchan. Así que hemos decidido tomar cartas en el asunto y acudir a los tribunales para proteger nuestra comunidad”, ha explicado el presidente de la asociación de vecinos local y demandante en el caso, Pablo Álvarez Veloso.
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