MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Representantes de 20 organizaciones especializadas en migración, refugio y derechos humanos han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que implementen el Pacto Europeo de Migración y Asilo de forma que garantice “plenamente” los derechos humanos.
“Es un momento clave para contribuir a una Europa que defienda los derechos humanos y que sea coherente con sus valores fundacionales”, han declarado tras reunirse este lunes con Sánchez y Saiz.
Tras la reunión, las organizaciones, entre las que se encuentran CEAR, Accem, Amnistía Internacional o Cruz Roja, han valorado “positivamente” la “voluntad” del presidente de defender en la UE un enfoque de garantía de derechos de las personas migrantes y refugiadas en la aplicación del Pacto, así como su “compromiso” para asegurar la interlocución con la sociedad civil durante todo el proceso para su implementación en España.
Asimismo, han trasladado su “preocupación” por los retos que plantea este Pacto en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario y protección internacional. Así, han alertado, entre otras cuestiones, sobre la introducción de nuevos controles “previos” a la entrada, los procedimientos de asilo y retornos acelerados en frontera, la reducción de garantías procedimentales y el riesgo de un uso excesivo de la detención. “Medidas que podrían suponer graves obstáculos para acceder al derecho de asilo y pondrían en riesgo los derechos humanos y el respeto del principio de no devolución, lo que agravaría la ya enorme situación de vulnerabilidad que sufren muchas personas migrantes y refugiadas”, han indicado.
Además, las organizaciones han recordado en la reunión que España aún puede “transformar estos retos en oportunidades, sirviendo como ejemplo para el resto de los países de la Unión Europea en la construcción de una política migratoria que ponga en el centro a las personas y a sus derechos, garantizando vías legales y seguras que eviten las muertes en el mar”.
En esta misma línea, han añadido que la fase de implementación del Pacto, que se llevará a cabo durante los próximos dos años, “puede marcar el futuro de la política migratoria española y evitar importantes retrocesos en derechos humanos”. Por ello, han pedido a Sánchez “que se comprometa a no extender el plazo constitucional de detención preventiva de 72 horas y a aplicar de forma preferente medidas que no sean privativas de libertad; a garantizar la asistencia jurídica gratuita en todas las fases del procedimiento, así como el análisis individualizado de las solicitudes y a la adecuada atención sanitaria, el derecho a intérprete, a la información y a ser escuchado/a; a tramitar las solicitudes por el procedimiento ordinario cuando se detecten necesidades especiales o situaciones de vulnerabilidad en los procedimientos fronterizos, entre otras propuestas”.
PIDEN UN SISTEMA CON UN ENFOQUE “ESTRUCTURAL” PARA ATENDER EMERGENCIAS
Por otro lado, han destacado que es “necesario” contar “con un sistema preparado, dimensionado y con un enfoque estructural para atender a las emergencias de manera adecuada y evitar derogaciones y excepciones de las normas de asilo”, tal y como recoge el Reglamento de Crisis y Fuerza Mayor. Este, han matizado que puede “impedir” en la práctica el acceso a la protección a las personas solicitantes de asilo y refugiadas.
También han exigido la implementación de un mecanismo de vigilancia y monitoreo de los derechos humanos con la participación de la sociedad civil. Para hacerlo efectivo, han reclamado que, en la elaboración del Plan Nacional de Implementación que debe ser entregado a la Comisión Europea en el mes de diciembre, así como a lo largo de todo el proceso, España adopte “un enfoque garantista con los máximos estándares de derechos humanos y que involucre a la sociedad civil mediante intercambios y consultas regulares”, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Europea en el Plan Común de Implementación.
Finalmente, han señalado que la implementación del Pacto “debería suponer una oportunidad para mejorar la situación de la infancia migrante no acompañada” y recalcado la “urgencia” de resolver la situación de las personas migradas en España “sin derechos, al encontrarse en situación administrativa irregular”.
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