MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La organización de consumidores europeos BEUC ha rechazado la nueva política de ‘pagar o consentir’ de Meta y ha enviado una carta a las autoridades de aplicación de la Unión Europea (UE) para expresar su “preocupación” sobre el nuevo modelo, que “podría estar infringiendo” tanto la normativa de protección de datos, de protección de las personas consumidoras y el Reglamento de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés).
Según ha informado la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, la carta es consecuencia de la segunda versión de la política de ‘pagar o consentir’, publicada por Meta a finales de 2024. La primera versión había sido lanzada a finales del año 2023 y requería que los usuarios de Facebook e Instagram consintieran el procesamiento de sus datos personales para fines publicitarios o pagaran una tarifa para no recibir anuncios personalizados basados en sus datos. El rechazo de la política por parte de organizaciones de consumidores y de la sociedad civil generó que se abrieran investigaciones por parte de las autoridades europeas.
“Los consumidores europeos no deben dejarse engañar por los cambios superficiales que Meta ha aplicado a su política de ‘pagar o consentir’, que sigue sin abordar el problema principal: los usuarios de Facebook e Instagram no tienen una elección justa. En nuestra opinión, Meta sigue intentando cumplir de manera débil con la normativa de la UE, mientras empuja a los usuarios hacia su sistema de publicidad personalizada. Es fundamental que las autoridades de protección al consumidor, de protección de datos y la Comisión Europea investiguen rápidamente esta nueva política de Meta y, si es necesario, adopten medidas inmediatas y eficaces para proteger a los consumidores”, ha dicho el director general de BEUC, Agustín Reyna.
Por su parte, el director de CECU, David Sánchez, ha añadido que “Meta no busca modificar el modelo de vigilancia comercial, de explotación de datos personales y de anuncios personalizadas que explotan vulnerabilidades de las personas consumidoras, sino simplemente adaptar mínimamente su política para aparentar que cumple la legislación de la UE”.
“Esto es un ejemplo más de como las grandes tecnológicas toman decisiones que afectan a todo el ecosistema digital sin pensar en el bienestar y en la protección de los derechos de los usuarios, como ha demostrado el reciente anuncio de Meta sobre la eliminación de verificadores de datos en EEUU para reducir costos y alinearse con una determinada agenda política”, ha apuntado.
La presidenta de ASUFIN, Patricia Suárez, cree que “las autoridades europeas de Consumo y los gobiernos nacionales tienen que velar por los derechos de los consumidores” que se enfrentan a BigTech “con un omnímodo poder y capacidad tecnológica de dirigir a sus clientes a los entornos que les son más favorables, valiéndose de unas interfaces muy sofisticadas que, a menudo, colisionan con los requerimientos básicos de transparencia y consentimiento, obligatorios por ley”. “Tenemos que alzar la voz y, sobre todo, pedir a nuestros responsables políticos que redoblen los esfuerzos porque estas grandes tecnológicas no nos dejen desamparados”, ha zanjado.
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