Piden no vulnerar los derechos digitales de la infancia y la adolescencia y defienden la participación activa de la infancia
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, las ONG Educo y Save the Children, y la Asociación Española de Consumidores han valorado positivamente la aprobación del proyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales, aunque han coincido en reclamar la puesta en marcha de “medidas efectivas” para garantizar su correcta implementación.
En el caso de DigitalES ha calificado la normativa de “medida urgente y necesaria ante la situación a la que enfrentan niños y adolescentes en internet”. La patronal del sector de telecomunicaciones, tecnología e innovación digital comparte el objetivo de la norma de “proteger a las niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital, garantizando su derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, la protección de sus datos personales o el acceso a contenidos adecuados para su edad”.
Asimismo, ha destacado que “muchas” de sus propuestas han sido recogidas en la Ley e insiste en que la norma “debe aplicarse de manera proporcionada y con una distribución equilibrada de responsabilidades a lo largo de toda la cadena de valor digital”, como ha argumentado en un comunicado.
“Los desarrolladores de software, plataformas y redes sociales deben adoptar un diseño responsable y desempeñar un papel central en la implementación de herramientas de verificación de edad, clasificación de contenidos y control de acceso, en línea con la normativa europea Digital Services Act (DSA)”, ha subrayado.
Además, ha recordado que las empresas que forman parte de DigitalES “tienen como objetivo mejorar la competitividad empresarial y construir una sociedad más inclusiva, sostenible y próspera a través de la tecnología y la innovación responsable”. “Todo ello sin eludir los riesgos derivados del mal uso de esta, como puede ser la difusión de contenidos ilegales y/o inapropiados (pornografía, violencia y abuso), la práctica de acoso escolar, y otros comportamientos perjudiciales para los menores”, ha señalado.
“Estamos ante una cuestión de país y del futuro de las nuevas generaciones. Urge actuar con ambición y con rigor. La infancia no puede esperar”, ha indicado el director general de DigitalES, Miguel Sánchez Galindo.
Por su parte, la Asociación Española de Consumidores también apoya la ley, ya que resulta “necesario” proteger a los menores de “la pornografía, el acoso digital, las adicciones, el uso inadecuado de redes sociales, etc”.
Mientras, la ONG Educo afirma que la normativa es “un avance significativo en la protección de la infancia frente a los riesgos digitales” y considera que, entre sus principales fortalezas, introduce medidas de educación digital “que permitirán a los menores desarrollarse en línea de manera más segura y responsable”, además de contemplar la alfabetización digital.
Sobre el fortalecimiento de la protección de datos afirma que se alínea con las normativas internacionales de protección infantil y considera que representa una “barrera importante contra la explotación de la información personal de los niños, niñas y adolescentes”.
Otro de los aspectos que destaca Educo es la participación de los menores de edad en su propia seguridad en línea por lo que aboga por “una formación continua y adaptada a su edad” y que también puedan identificar los riesgos y las oportunidades que brindan los entornos digitales, por lo que ve “fundamental promover un enfoque participativo” que logre empoderar a los niños, niñas y adolescentes.
En este punto, Educo resalta la necesidad de “fomentar el pensamiento crítico” en la infancia y adolescencia para el ejercicio de una ciudadanía digital de este colectivo.
En cualquier caso, Educo cree que aún existen áreas que requieren más concreción para garantizar su efectividad. Así, señala que, aunque se prevé la formación de docentes y familias, “sería necesario asegurar que estos programas estén adecuadamente financiados y cuenten con los recursos necesarios para su implementación efectiva desde lo local hasta lo estatal”. Educo pide que esta formación se garantice a los colectivos más vulnerables “para no dejar a nadie atrás”.
Por otro lado, la ONG recuerda la importancia del coordinador/a de Bienestar y Protección en los centros educativos teniendo en cuenta que su función principal es promover los entornos protectores y fomentar la prevención y estima “imprescindible que tenga un perfil profesional adecuado, reciba una formación especializada y tenga disponibilidad de tiempo para poder ejecutar sus funciones”.
SISTEMAS EFECTIVOS DE VERIFICACIÓN DE LA EDAD
En el caso de Save the Children, ha puesto el foco en el aumento en la edad de consentimiento para el tratamiento de datos, que pasa de 14 a 16 años, y añade que debe “evaluarse con cautela para no limitar la autonomía de los adolescentes ni dificultar su acceso a la información y sus oportunidades en línea”. Por ello, recuerda la importancia de continuar avanzando en mecanismos efectivos de verificación de la edad para asegurar que la medida sea válida.
“Es crucial tener sistemas efectivos de verificación de la edad que protejan a la infancia y adolescencia frente a contenidos nocivos, pero siempre que esto no colisione con derechos como el acceso a información y a la privacidad”, ha afirmado la directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia en Save the Children, Catalina Perazzo.
La directora ha defendido que ve “adecuada la inclusión de derechos fundamentales como la seguridad, la privacidad, el honor, la intimidad, la imagen, el uso crítico y seguro de las tecnologías por parte de la infancia y la adolescencia en el entorno digital”, pero enumera entre los retos pendientes hacer efectivos los mecanismos que permitan que niños, niñas y adolescentes puedan tener una voz más activa y tener en cuenta a la hora de establecer legislaciones que les afectan directamente.
Sobre las obligaciones hacia los fabricantes de dispositivos para incluir sistemas de control parental que también recoge el anteproyecto, Save the Children observa que “los controles parentales no pueden reemplazar la responsabilidad de acompañamiento parental, ni se debe delegar esta tarea exclusivamente en la tecnología”. “Aún así, cuando se opte por su uso, las medidas educativas, el diálogo y el acompañamiento deben estar presentes”, incide Perazzo.
En cuanto a la retirada de contenidos inapropiados, la organización ve importante asegurar que estos contenidos se clasifiquen correctamente y no afecten al derecho de los jóvenes de estar informados. Además, valora positivamente que la norma exija que las plataformas de comunicación audiovisual y los ‘influencers’ incluyan un enlace visible a la autoridad de supervisión en sus sitios web para mejorar la efectividad de los canales de denuncia y reforzar la supervisión del contenido digital.
Por otra parte, el anteproyecto también planea la regulación del uso de dispositivos. “Incluso cuando los dispositivos se usen para fines educativos, es importante asegurar que su uso no afecte negativamente al aprendizaje y que se empleen de manera progresiva, siempre bajo la supervisión de personal docente capacitado”, declara Perazzo, que añade que “todavía es necesario realizar estudios que demuestren el valor añadido de las tecnologías en el aprendizaje y guías para su correcta utilización”.
Por todo ello, la portavoz asegura que “es crucial involucrar a todos los niveles administrativos y desarrollar una Estrategia Nacional efectiva”. “Además, se necesita dotar a la futura ley de los presupuestos necesarios para su implementación sostenible, asegurando así la protección integral de la infancia y la adolescencia en el entorno digital”, concluye.
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