MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Varias organizaciones internacionales han aplaudido este jueves la “histórica” legislación que prevé la protección y atención de personas desplazadas a nivel interno en Honduras por considerar que se trata del “avance más importante” para estas personas, que se han visto afectadas por la violencia.
Además de reconocer los derechos de las víctimas y establecer un marco jurídico para el restablecimiento de sus derechos, la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente “ayudará a implementar mecanismos de prevención ante nuevos desplazamientos”, han señalado la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) y otras organizaciones, como el Consejo Noruego de Refugiados (NRC).
Esta ley refleja el “gran compromiso de las autoridades, que con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han logrado que su contenido esté alineado a estándares internacionales de protección”, han destacado en un comunicado conjunto.
Asimismo, han hecho hincapié en que esto constituye un “hito” a nivel nacional para proteger los derechos fundamentales de miles de personas hondureñas impactadas por la “violencia generalizada”. “La ley fortalecerá los importantes avances alcanzados por el Estado hondureño para la protección de los derechos de las personas y comunidades impactadas por la violencia tales como los mecanismos de orientación, asistencia humanitaria y protección de derechos”, recoge el texto.
Además, prevé la generación de información con la finalidad de desarrollar políticas públicas para atender las consecuencias del desplazamiento interno, tal y como han señalado antes de incidir en que la normativa establece “responsabilidades y mecanismos de coordinación de las instituciones del Estado para prevenir las causas del desplazamiento interno”, entre otras cuestiones.
Las organizaciones firmantes reconocen los retos y desafíos que implica implementar este marco legal, por lo cual reiteran a las autoridades, organizaciones de la sociedad civil y víctimas del desplazamiento forzado su compromiso para apoyar al Estado en la elaboración del reglamento de la ley, organizar y fortalecer el sistema institucional responsable de su aplicación y promover la consecución de recursos para materializar las medidas de protección y asistencia.
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