MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Servicio Jesuita Migrante (SJM) y Accem han reclamado que en 2025 exista una participación “real y efectiva” de entidades que trabajan con refugiados y solicitantes de protección internacional y muestran “preocupación” por el pacto europeo de migración.
En este sentido, CEAR ha denunciado, en declaraciones a Europa Press, que para el borrador del plan de implementación del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea (UE) se ha tenido “menos en cuenta” a las ONG. “Es verdad que una de las cosas que pretendemos, tanto que nos hubiese gustado para el 2024 como que creemos que tiene que producirse en el desarrollo legislativo del 2025 es dar una participación real y efectiva a la sociedad civil y a las entidades que trabajamos con, en nuestro caso, con personas refugiadas y solicitantes de protección”, ha apuntado la directora general de la entidad, Mónica López.
Precisamente, CEAR considera que el 2024 ha estado marcado por el pacto europeo, en términos jurídicos y de regulación de las migraciones. Sobre este López ha alertado de que “pueda suponer una vulneración de derechos para las personas migrantes, en términos de posible ampliación de los períodos de detención”. Así, ha añadido que el reto para el próximo año será la nueva definición del procedimiento de asilo en España a través de la ley.
En cuánto a las llegadas de este año, López ha dicho que no han supuesto que se haya “desbordado” el sistema de acogida, pero ha llamado a seguir trabajando en consolidar una estructura. “Somos conscientes de que todos los años van a producirse llegadas y, por tanto, tiene que establecerse una capacidad de acogida suficiente como para dar respuesta a eso y unos planes y unos protocolos que permitan dar respuesta y no articularlos cada vez que hay una situación de llegadas”, ha destacado.
Por otro lado, la directora general de CEAR ha advertido de que, desde la entidad, seguirán “vigilantes” durante el 2025 del comportamiento de España ante las solicitudes de protección internacional de ciudadanos sirios tras la caída del régimen de Bashar al Assad.
En cuanto a la situación de los menores no acompañados que llegan a las costas españolas CEAR confía en la solidaridad de las comunidades autónomas y que el año que viene Gobierno, Canarias, Ceuta y PP alcancen un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería. En esta línea, López ha señalado que le gustaría que se produciese una modificación de la norma y que la distribución de estos niños fuese un mecanismo obligatorio.
Finalmente, López ha añadido que, a su juicio, el 2025 será un año donde pondrán “especial atención” en los discursos de odio contra colectivos vulnerables, como las personas migrantes.
En esta misma línea, la ONG Accem ha criticado que la infancia migrante no acompañada y en situación de desamparo “ha sido puesta en la diana”, que “ha sufrido una sobreexposición pública no justificada” y que “ha sido señalada, deshumanizada y criminalizada sin ningún pudor ni límite por parte de los grupos que viven de la difusión del odio xenófobo y racista”.
Asimismo, en declaraciones a Europa Press, Accem ha demandado que los derechos de la infancia sean puestos en el centro al abordar la atención social a estos menores y que esto se haga “a nivel social, político y mediático”.
En cuanto al Pacto de Migración y Asilo de la UE, la ONG ha advertido de que este plantea medidas “muy preocupantes”, por lo que ha pedido que su aplicación en España sea “coherente” y esté integrada en el desarrollo de las políticas migratorias que se están llevando a cabo en territorio español.
También el Servicio Jesuita Miggrantes ha mostrado “preocupación” por el pacto, que ha tildado de “incierto”. “Puede acarrear mayor detención, puede acarrear procesos más acelerados de resolución de solicitudes de asilo, que necesitan un tiempo para ser estudiadas, y que una vez sean aceleradas, si se produce el rechazo, pues se aceleren también los retornos y las devoluciones a los países de origen”, ha explicado.
“VÍAS SEGURAS Y LEGALES”
Además, ha reivindicado la necesidad de que se establezcan “vías seguras y legales” por parte de los estados de la Unión Europea “para que ninguna persona que esté buscando un futuro mejor o que huya de un peligro que pone en riesgo su vida, arriesgue todavía más su vida y su integridad física tratando de buscar un lugar seguro donde vivir”.
Respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el SJM ha denunciado que sigue detectando “vulneración de derechos de diferentes tipos” en estos lugares, “sobre todo de eficiencias en las instalaciones, pero también en el acceso a condiciones sanitarias, a la interpretación, a una asistencia jurídica efectiva y eficaz”.
Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de este año han llegado 60.216 migrantes de forma irregular a España, un 14,5% más que en el mismo periodo de 2023, según el último balance del Ministerio del Interior recogido por Europa Press. Asimismo, 43.737 han arribado a Canarias en el mismo periodo de tiempo.
Además, entre el pasado 23 y 27 de diciembre han llegado a las islas casi un millar de migrantes en situación irregular, de ellos casi 400 en menos de 24 horas, sin contar una embarcación hundida en aguas de Marruecos cuando navegaba en dirección al archipiélago y en la que se estima que hay cerca de 70 desaparecidos. A estas cifras hay que sumar las del último fin de semana del año, cuando han llegado más de 1.200 migrantes a Canarias, sin olvidar Baleares, que ha recibido a más de un centenar de personas en situación irregular en casi una decena de pateras.
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