MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Las organizaciones de infancia han expresado su “preocupación” por que el real decreto ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería “no sea suficiente para garantizar una acogida digna y respetuosa” con los menores migrantes no acompañados y abra “una puerta peligrosa para la garantía de los derechos fundamentales”.
“Desde las organizaciones de infancia valoramos positivamente que se tomen medidas políticas para solucionar la situación de desamparo que sufren las niñas y niños que llegan a España sin sus familias, fundamentalmente en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla. Sin embargo, nos preocupa que este Real Decreto Ley no sea suficiente para garantizar una acogida digna y respetuosa con los derechos de la infancia”, ha señalado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.
En un comunicado conjunto publicado por la Plataforma de Infancia y la Fundación Raíces, las ONG recuerdan que en las dos últimas décadas, han llegado a las fronteras españolas miles de personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes no acompañados, “tratando de mejorar sus condiciones de vida, huyendo de conflictos armados, pobreza y otras situaciones de vulnerabilidad”.
En este contexto, las ONG consideran que la fórmula del real decreto ley “no es óptima” por su “posible temporalidad” y porque “abre una puerta peligrosa para la garantía de los derechos fundamentales”.
“Regular mediante el decreto ley cuestiones que afectan a la protección de la infancia en desamparo y a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes nos genera a los juristas enormes dudas respecto de su encaje en el sistema constitucional y, aunque parezca una solución para el momento de bloqueo actual, no es una medida óptima. No solo por su posible temporalidad, de ser anulado, sino porque abre una puerta peligrosa para la garantía de los derechos fundamentales”, ha indicado la abogada de Fundación Raíces, Paloma García de Viedma.
A su juicio, la vía jurídica “más garantista, segura y duradera” para regular la redistribución de la primera acogida y la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, pasa por elaborar “una Ley de Armonización, vía prevista en la Constitución, para regular las competencias autonómicas que afectan al interés general del Estado”. Esta ley, según precisa, requiere para su aprobación la mayoría absoluta de las Cortes.
Por otro lado, las ONG de infancia consideran fundamental que se implemente una evaluación temprana de necesidades previa al traslado, en la que prime el interés superior para cada niña, niño o adolescente, “siendo especialmente importante la identificación de quienes se encuentren en necesidad de protección internacional”, tal y como ha apuntado Ibarra.
Así, piden que la evaluación previa, la propuesta y resolución de ubicación y el proceso de traslado sean procesos motivados y llevados a cabo “garantizando el derecho a la niña, niño o adolescente a ser escuchado, su participación en cualquier decisión que le afecte y la no discriminación”.
Para ello, piden que se incorporen al proceso de evaluación “equipos profesionales especializados en mediación intercultural”, formados adecuadamente en la atención a la infancia y la adolescencia migrante y refugiada, que puedan realizar un correcto acompañamiento.
Desde las organizaciones de infancia piden al Gobierno y a las diferentes comunidades y ciudades autónomas que “se comprometan” a priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes no acompañados, con el fin de alcanzar “una solución duradera que garantice una acogida digna y respetuosa con la Convención sobre los Derechos del Niño”.
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