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ONG de defensa de migrantes han acordado recurrir el nuevo Reglamento de Extranjería debido a que consideran que “ha supuesto una tremenda decepción”

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MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Extranjeristas en red, Asociacion Pro Derechos Humanos España (APDHE) y Coordinadora de Barrios han acordado recurrir ante el Tribunal Supremo el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Gobierno el pasado 19 de noviembre.

“Revisará la legalidad del Reglamento de Extranjería que con gran bombo y platillo se publicó hace casi dos meses y que, no aprobándose por falta de voluntad política una regularización extraordinaria, se calcula dejará en la ilegalidad a más de 200.000 personas”, han señalado.

En este sentido, han informado que el recurso “es de carácter general” e “irá concretando sus puntos específicos conforme avance el proceso”, tras conocer “más en profundidad” las “discusiones que llevaron a retroceder en gran parte de los avances que figuraban en el primer borrador, ignorando gran parte de las mejoras propuestas por la Sociedad Civil”.

Según han precisado en declaraciones a Europa Press, el procedimiento es el contencioso ordinario, tras el que el Tribunal Supremo pedirá al Gobierno el expediente completo. Si bien, las organizaciones han destacado que, a falta de “una corrección de errores necesaria y que no llega”, hay una serie de puntos que “resultan claramente ilegales y por los que merece que se sometan a revisión de legalidad por el Tribunal Supremo”.

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Asimismo, han criticado que en el nuevo Reglamento de Extranjería la regulación de los derechos de los menores se ve “excluida” del régimen de acto presunto positivo, “pese a estar amparada por la legislación especialmente protectora de los derechos del menor”.

En cuanto a los derechos de los solicitantes de asilo, han explicado que su tiempo de espera “queda excluido del cómputo del tiempo de arraigo, como si fuera posible eliminarlo sin más o que no fuera un hecho cierto que ese tiempo contribuye a su arraigo social”. Además, han añadido que esta cuestión no puede ser admitida “desde la más elemental lógica jurídica”.

“El sometimiento a familiares de españoles a condiciones y derechos peores que los familiares de ciudadanos de la Unión, no sólo es un gran error del reconocimiento de un estatuto del familiar de español, sino que contradice jurisprudencia el principio constitucional de igualdad y consolidada jurisprudencia”, han subrayado.

En todo caso, las organizaciones han indicado que confían en que se corrijan las “contradicciones” de un reglamento “que nació bajo la promesa de ser un sustancial avance de derechos, pero que en su redacción final ha supuesto una tremenda decepción por los puntos señalados, y por otros de distinto calado cuya ilegalidad se hará valer en el recurso”.

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