Indica que supondría “un cambio de paradigma”, ya que los ciudadanos recibirían un bono que podrían asociar a las medidas climáticas
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El ‘think tank’ OIKOS ha propuesto un ‘dividendo climático’, una suerte de ‘bono’ que redistribuya los ingresos del Sistema de Comercio de Emisiones que la Unión Europea (UE) expandirá a los sectores del transporte y la edificación en 2027. De acuerdo con su recomendación, el montante que recibiría cada ciudadano dependería de su lugar de residencia, la composición de su familia y las fluctuaciones del precio del carbono.
Por ejemplo, el informe ilustra cómo un hogar de dos adultos y un dependiente recibiría entre 125 y 500 euros anuales dependiendo de su perfil. Estas son algunas de las conclusiones del informe ‘Dividendos Climáticos. ¿Cómo impulsar la transición energética justa para lograr un mayor apoyo social?’, que se publicó este martes, pero que el vicepresidente de la organización, Toni Timoner, ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados.
En el estudio, OIKOS ha recordado que la UE implementará el Fondo Social para el Clima para contrarrestar el impacto directo en los hogares de la expansión del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS II), que obligará a pagar por las emisiones que se generan por el uso del automóvil individual y la calefacción de los hogares. A su juicio, este Fondo abre una ventana de oportunidad para diseñar políticas inclusivas que equilibren ambición ambiental y justicia social. En este marco, y teniendo en cuenta que España debe presentar su Plan Social del Clima antes de junio, el ‘think tank’ ha abogado por el ‘dividendo climático’.
Según ha explicado, este requeriría de un presupuesto anual estimado de 4.137,78 millones de euros anuales, lo que supera los ingresos directamente disponibles del ETS bajo las restricciones actuales de asignación según la normativa de Fondo Social para el Clima de la UE. Aún así, ha propuesto que el Gobierno podría implementar este ‘bono’ de todas maneras con ajustes presupuestarios del esquema; complementándolos con ingresos nacionales; u optimizando estos ETS en el seno de la UE.
De esta forma, OIKOS ha sugerido reducir los pagos propuestos en un 20-30% para adaptarse al límite de ingresos disponibles, manteniendo la estructura progresiva y geográfica. A su vez, ha apuntado a la posibilidad de rediseñar los montos máximos y mínimos a rangos de 80-150 euros para adultos y 40-75 euros para menores, reduciendo el coste total sin comprometer la progresividad.
Asimismo, ha incitado a reforzar la viabilidad financiera del ‘dividendo climático’ con las Propuestas 4, 5 y 6 del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria 2022 (las referentes a la tributación de combustibles de aviación, marítimos y agrarios; a la igualación de la fiscalidad de diésel y gasolina de automoción; y a un aumento general de la fiscalidad de hidrocarburos). Tal y como ha indicado, la recaudación de las tres propuestas oscilarían entre los 3.463 y los 6.284 millones de euros anuales.
A su vez, también ha propuesto enfocar los ingresos del ETS II exclusivamente a financiar el dividendo climático, asegurando su viabilidad a largo plazo.
BENEFICIOS CONCRETOS PARA MEJORAR LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS
En su investigación, OIKOS ha recalcado que este ‘dividendo climático’ supondría un “cambio de paradigma respecto a las políticas de beneficios difusos. Al redistribuir directamente los ingresos generados por las políticas de descarbonización, cada ciudadano recibiría un pago directo asociado a los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. “Este cambio no solo refuerza la percepción de justicia social, sino que también facilita la aceptación y legitimidad de estas políticas”, ha subrayado.
Por este lado, también ha explicado que el dinero se distribuiría con los datos fiscales, lo que eliminaría la necesidad de que los beneficiarios realicen una solicitud activa, y que su gestión sería centralizada. A su parecer, la eliminación de barreras burocráticas y la asignación automática basada en criterios de renta reducirían la burocracia y asegurarían que las ayudas lleguen de manera más efectiva a los sectores más vulnerables de la sociedad. De esta manera, solucionaría la baja tasa de cobertura del actual bono de pobreza energética.
Por otro lado, ha insistido en que reforzaría la percepción de equidad territorial al considerar las diferencias entre áreas urbanas y rurales a la hora de decidir el montante que recibe cada persona. Además, el esquema es altamente visible y transparente, ya que los ciudadanos recibirán pagos directos que podrán asociar inmediatamente con las políticas climáticas.
“No se trata de restringir y regular sino también de fiscalizar y redistribuir”, ha destacado el vicepresidente de OIKOS, Toni Timoner.
- Te recomendamos -
