MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recordó este lunes el derecho de los consumidores a pedir una indemnización en caso de ser víctimas de una intoxicación alimentaria en un establecimiento de restauración y exigió la publicación de los resultados de las inspecciones a las que son sometidos “periódicamente” este tipo de locales.
Así lo reclamó en un comunicado emitido tras conocerse la intoxicación por Salmonella de alrededor de 40 personas que consumieron tortillas en el restaurante madrileño Casa Dani y en el que subrayó que, “sea cual sea la causa de la intoxicación”, el importe de la indemnización deberá contemplar, “al menos”, el número de días en los que el consumidor no haya podido acudir al trabajo, bien por estar de baja o por el cuidado de un familiar directo, “sobre todo si es un niño o una persona mayor que no pueda valerse por sí misma”.
A este respecto, explicó que, entre los documentos a presentar para acceder a dicha indemninzación, el afectado deberá aportar un informe médico que recoja la fecha y la “gravedad” de los síntomas de la intoxicación, además de un parte médico de baja, si lo hubiera, y el ticket o la factura de la comida realizada, “sobre todo si se pagó en efectivo”.
En este punto, recomendó “guardar siempre” el ticket del establecimiento “al menos durante una semana” y recordó que “algunas” intoxicaciones “tardan hasta cinco días en manifestarse”.
“Si no se llega a un acuerdo amistoso con el establecimiento donde se produjo la intoxicación, el consumidor puede elevar la demanda a la vía judicial”, advirtió, al tiempo que puntualizó que, en el caso de reclamaciones por un importe inferior a 2.000 euros “no es necesario contratar abogado ni procurador”.
Además, aseveró que “no está de más” denunciar los hechos ante la Consejería de Sanidad o la de Consumo correspondientes para que “levanten acta, investiguen la posible intoxicación e impongan la pertinente sanción administrativa” al restaurante en el que se haya producido.
Junto a ello, exigió a las administraciones autonómicas que, “tal y como ya se hace en otros países europeos”, se hagan “públicos” los resultados de las inspecciones sanitarias que “periódicamente” se realizan a los establecimientos de hostelería, al considerar que se trata de “un derecho básico a la información del consumidor”.
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