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OCU considera que el Bono Alquiler Joven es solo un parche, aunque reconoce que proporciona un alivio provisional

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MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) consideró este martes “un parche” el Bono Alquiler Joven, si bien admitió que supone un “alivio provisional”.

Así lo defendió en un comunicado en el que recordó que las “continuas subidas” del precio del alquiler en los últimos años “están dificultando significativamente” el acceso de los jóvenes a la vivienda en España.

“Un problema que trata de atenuarse con una nueva convocatoria del Bono de Alquiler Joven 2024/2025 que concede, durante dos años, ayudas al alquiler de 250 euros mensuales por beneficiario”, abundó, para, a continuación, puntualizar que, “sin embargo, en la práctica, su gestión arrastra todo tipo de obstáculos”.

“Para empezar, problemas de gestión de los recursos trasferidos a las comunidades autónomas”, apostilló, al tiempo que explicó que el último informe del Defensor del Pueblo “advierte” de “graves incumplimientos en el plazo máximo previsto”, seis meses “por lo general”, para resolver las solicitudes de los bonos en Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia.

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Para la entidad, estos retrasos tienen “graves consecuencias” sobre los posibles beneficiarios y puso como ejemplo que en Galicia, transcurrido este plazo sin resolución “expresa”, el interesado puede entender su solicitud desestimada por silencio administrativo y que en Madrid, meses después de la publicación de los listados de los beneficiarios, “estos siguen sin recibir el abono de la subvención”.

LAS AYUDAS NO SON SUFICIENTES

“Las ayudas no son suficientes para atender a todos los solicitantes y no contribuyen a abaratar el precio del alquiler”, sentenció, al tiempo que juzgó “urgente” la aprobación de un plan de promoción de vivienda social en alquiler.

Tras denunciar que entre 2017 y 2022 en todo el país solo 8.613 viviendas obtuvieron la certificación definitiva como VPO en alquiler, cifra que tildó de “ridícula” en relación con las necesidades, estimó que el esfuerzo público debe centrarse en la promoción de esas viviendas y en el “refuerzo” de los servicios sociales, para que tengan los recursos “imprescindibles” para “ocuparse” de los hogares “realmente vulnerables”.

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“La mera repetición de ayudas en dinero a los inquilinos no contribuye a la solución del problema, además de no ser nunca suficiente para el número creciente de personas en dificultad de pago de su alquiler, porque la situación se agrava a medida que la falta de seguridad jurídica hace que la oferta se retraiga”, resolvió.


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