MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtió este martes de que 6,9 millones de hogares españoles podrían ser “expulsados” del mercado regulado de electricidad.
Así lo precisó en un comunicado en el que subrayó que, en el contexto europeo de un mercado energético liberalizado, las tarifas reguladas que mantienen varios países miembro “se consideran algo excepcional” y que la comisaria Europea de Energía “está presionando a España” para que, a partir de 2026, solo puedan acogerse a la tarifa eléctrica regulada PVPC las familias vulnerables, esto es 1,6 millones de hogares.
“Un cambio que, de producirse, excluiría a 6,9 millones de hogares que también la tienen contratada”, insistió, al tiempo que solicitó al Gobierno que, en la redacción del “inminente” informe que deberá presentar a la Comisión Europea sobre la tarifa regulada PVPC, “se justifique la importancia de mantenerla para todos los hogares con una potencia de hasta 10 kilovatios”.
A este respecto, aportó “varias razones”, entre ellas que las tarifas reguladas “siguen cumpliendo una eficaz función de control del mercado”. “Sus condiciones son bien conocidas, no van asociadas a la contratación de servicios adicionales y se evitan subidas sorpresa en cuanto vence el contrato”, abundó.
Junto a ello, indicó que, aunque el diseño actual de la tarifa PVPC “no está exento de complejidad y tiene riesgo de precios elevados temporalmente, mejora los precios medios del mercado, un 21% en la actualidad y, comparado con las peores tarifas del mercado, puede reducir la factura a la mitad”.
UNA REFERENCIA CLAVE
En paralelo, defendió que las tarifas eléctricas reguladas “son una referencia clave” en un mercado “especialmente cambiante” por las nuevas tarifas de peajes y cargos, la incorporación del coche eléctrico, las instalaciones fotovoltaicas con compensación de excedentes o los futuros agregadores de demanda.
“Las tarifas reguladas son un refugio para el consumidor frente a las agresivas políticas comerciales que se realizan a través del canal telefónico. Y que la legislación, que prohíbe las llamadas comerciales no autorizadas, no ha conseguido ni siquiera frenar”, apostilló.
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