BRUSELAS, 29 (EUROPA PRESS)
Un grupo de ocho Estados miembro ha advertido por carta a la Comisión Europea de que la relajación del marco de ayudas estatales ha provocado que algunas empresas se lucren de este régimen para colocar sus inversiones productivas en un país concreto y alertan del riesgo de fragmentación del mercado único.
El documento, firmado por Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Polonia, Portugal, República Checa y Suecia, insta al Ejecutivo que surja de las próximas elecciones europeas “una renovación de estas políticas que reconozca que la igualdad de condiciones es la base de una economía sana, competitiva y productiva”.
“Un estricto marco y control de las ayudas estatales ha sido la piedra angular de la política de competencia de la UE, destinada a preservar la integridad del mercado único”, señalan los firmantes del texto –que también apoya Islandia– e inciden en que “este debe seguir siendo el principio” por el que debe regirse el bloque.
Asimismo, defienden que “las empresas deben competir en el mercado basándose en su oferta y excelencia, no en la cantidad de ayuda recibida”, pues les preocupa que “la relajación de las normas sobre ayudas estatales pueda desencadenar una carrera de subvenciones no sólo a escala mundial, sino también entre los Estados miembro”, lo que podría causar “perturbaciones en el mercado único y poner en peligro la estabilidad fiscal”.
Por estas razones, consideran “importante” que la relajación temporal de las normas sobre ayudas estatales “no se convierta en un nuevo paradigma normativo” y piden, en su lugar, que la Comisión explore formas de movilizar la inversión privada.
En este sentido, consideran que la eliminación progresiva del marco temporal de crisis es “crucial” y, en particular, de la posibilidad de utilizar las ayudas de Estado para igualar la inversión de terceros países para evitar la fuga de empresas, ya que su objetivo específico es influir en el beneficiario para que decida ubicar y mantener su inversión en el país que la concede.
Los firmantes insisten en que existen alternativas a la flexibilización de las normas sobre ayudas estatales, ya que lo que piden las empresas de todos los sectores y tamaños son unas condiciones marco claras y predecibles, la agilización de trámites y autorización y una mayor transparencia.
También destacan la importancia de promover el aumento de la actividad y la producción en sectores específicos y aluden a normas como la ley de materias primas críticas, la ley europea de chips o la ley para una industria de cero emisiones como buenos ejemplos de instrumentos de política industrial a largo plazo que incluyen una amplia gama de herramientas frente a “subvenciones industriales perjudiciales”.
Los nueve países que han suscrito la carta afirman que esto es “esencial”, ya que una carrera mundial de subvenciones “perjudica a las economías, aumenta el riesgo de conflictos comerciales y socava la necesaria cooperación”.
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