MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Nuria, de 44 años, y Maruja, de 88, forman parte de las dos millones de personas con movilidad reducida que solo pueden salir de casa si alguien les ayuda, debido a la falta de accesibilidad de sus edificios.
En el caso de Nuria, en declaraciones a Europa Press, explica que, desde el año 2014, tiene la enfermedad de Sudeck, que afecta a sus dos rodillas, por lo que se ve obligada a utilizar muletas y una silla de ruedas para trayectos largos. “Siempre tengo bastante dolor”, asegura.
En este sentido, manifiesta que vive en un cuarto sin ascensor y que “siempre” necesita ayuda, tanto para subir a su domicilio como para bajar para salir a la calle, aunque lamenta que lo hace “poco”, por el “sufrimiento” que le ocasiona esta situación. Además, añade que, en ocasiones, ha llegado a subir las escaleras sentada con la ayuda de sus brazos.
“Algunas veces, cuando he estado bastante mal, sobre todo cuando salía más a menudo, que tenía que ir al centro, a la oficina o a trabajar, había veces que es que ya ni lo hacía. Me dolía muchísimo por el esfuerzo que había hecho durante el día”, precisa para agregar que no puede hacer una vida “normal” y que un ascensor le quitaría “mucha ansiedad de encima”.
También indica que no se lleva a cabo la obra del ascensor en su comunidad porque ésta “no tiene fondos para asumirlo”. Precisamente, la Ley de Propiedad Horizontal expone que si los costes por propietario superan las doce mensualidades de la comunidad, no están obligados a realizar la obra. “En mi caso, se hizo a votación y solo la apoyaron tres personas de 16”, matiza.
Actualmente, el sector de la discapacidad pide la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que “de una vez por todas se lleven a cabo las medidas necesarias destinadas a promover el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad en nuestro país y garantizar su autonomía personal y libertad de movimientos”, según afirma la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
Asimismo, COCEMFE asegura que esta ley “no funciona” y que necesita una reforma “urgente”, para que “los costes de obras y actuaciones de accesibilidad en elementos comunes de los edificios residenciales donde vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años sean asumidos en su integridad por las propias comunidades vecinales, habilitando ayudas públicas suficientes cuando sea preciso para que el esfuerzo económico sea llevadero para las comunidades de propietarias y para las residentes de estas”.
“NO HAN HECHO NADA”
Por su parte, Maruja, en declaraciones a Europa Press, indica que, su marido, ya fallecido, estuvo sin salir de casa durante tres años por un problema de accesibilidad en el portal de su domicilio.
En esta línea, explica que su marido padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que hacía que se asfixiase con facilidad. “Estaba sin poder andar y yo le compré la silla de ruedas para que pudiera ir a la calle, pero resulta que hay escaleras y no hay rampa. Solicité que me pusieran algo para poderle bajar en 2019 y hasta la fecha no han hecho nada”, denucia.
Asimismo, añade que ella tiene movilidad reducida, por lo que que utiliza bastón para desplazarse. “Esos escalones ya me están haciendo daño”, lamenta.
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