MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Este pasado sábado se han producido nuevas manifestaciones de protesta contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, en unas movilizaciones que proseguirán este domingo coincidiendo con la celebración de las Fiestas Patrias para celebrar el 203º aniversario de la declaración de independencia del país.
Los manifestantes han salido a las calles en varias regiones del país y han confluido este sábado en una protesta contra el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte. Una de las columnas ha llegado a Lima a través de la vía Panamericana y ha recorrido la plaza San Martín hasta llegar a la sede del Poder Judicial.
En la movilización participan familiares de fallecidos y heridos en las protestas de 2022 y 2023, así como organizaciones indígenas, colectivos universitarios y diversos sectores de la sociedad, informa el diario peruano ‘La República’.
No se ha informado de víctimas ni heridos en estas manifestaciones, aunque la Policía ha intervenido contra familiares de víctimas de la represión cuando se dirigían hacia Lima desde Huamanga, en Ayacucho.
“La Asociación de Familiares Asesinados y Heridos de la Masacre del 16 de diciembre de 2022 en Pichanaki declara antes de su salida hacia Lima para exigir justicia y sanción para el régimen policial y militar de Dina Boluarte: ‘Justicia que tarda no es justicia'”, ha planteado el grupo en un comunicado publicado en redes sociales.
En respuesta a estas protestas, el general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, ha anunciado que se realizarán controles rigurosos en autobuses y furgonetas que entren en Lima para prevenir posibles incidentes de violencia.
El general Arriola ha reconocido que estas medidas podrían ser percibidas como discriminatorias, pero ha subrayado que son necesarias para identificar a personas con antecedentes penales. Se ha solicitado el apoyo del Ministerio Público para llevar a cabo estos controles.
“Se ha pedido que fiscales de la Fiscalía de Prevención del Delito acompañen a nuestros efectivos. Es fundamental garantizar tanto el derecho de los ciudadanos a expresarse pacíficamente como la seguridad de todos”, ha apuntado.
Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, 49 personas murieron y cientos resultaron heridas como consecuencia de la represión de unas protestas que surgieron tras la detención y cese del expresidente Pedro Castillo.
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