MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El primer día de entrada en vigor de la Ley Trans, que permite a cualquier español solicitar un cambio registral de sexo sin ningún tipo de requisito, se ha producido con total normalidad en los registros civiles.
Lucía, canaria de 20 años, ha sido la primera en realizar este trámite en Madrid, al acudir al Registro Civil de la capital a la hora a la que este abría, a las 09.00 horas. Tan solo ha tardado unos minutos en completar la solicitud. Según ha explicado a Europa Press, ha tenido que entregar su DNI, partida de nacimiento y el padrón y en la oficina le han hecho rellenar unos papeles.
Mientras, el trasiego ante el registro era el habitual, con entradas esporádicas a lo largo de la mañana de parejas que acudían a por su expediente matrimonial o que, acompañados de un carrito, pedían inscribir a su bebé recién nacido. La normalidad ha sido también la tónica en los registros civiles de Barcelona, Murcia y Valladolid.
En este último, se ha recibido la visita de unas dicesiséis personas para interesarse por los trámites necesarios para poder solicitar el cambio registral de sexo, según han señalado a Europa Press fuentes consultadas en dicha entidad dependiente del Ministerio de Justicia.
Este miércoles, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) avisó de que los empleados de los registros civiles no habían recibido las “instrucciones oportunas” para aplicar la Ley Trans y reclamaban “instrucciones claras” desde Justicia, ministerio competente del Registro Civil.
Sin embargo, desde el departamento que dirige Pilar Llop han recordado que los registros realizan rectificaciones registrales desde 2007 con la ley de Zapatero y hay otras normativas similares a la que ahora entra en vigor a nivel autonómico. Además, recuerdan que lo que hace esta nueva Ley Trans es simplificar el procedimiento, ya que no exige la documentación del informe médico, ni los dos años de hormonación.
Lo que sí reconoce Justicia es que los funcionarios han necesitado información para, a su vez, poder informar a las personas que vayan a solicitar el cambio registral, el proceso o las consecuencias jurídicas de la norma, entre otros aspectos. Según explicó este miércoles, se envió ese mismo día una información “mínima” que, según ha explicado, podrá ser mejorada si así fuera necesario.
Por su parte, el ministerio de Igualdad ha explicado que se trata de una tarea de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente de Justicia. Aunque el equipo de Irene Montero, según ha señalado, ha ofrecido su colaboración para que todos los registros puedan tener la información preceptiva que hay que aportar a las personas que acudan a los registros.
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