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Netanyahu responde a Biden afirmando que “Israel es un país soberano” y promete “fortalecer la democracia”

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El ultraderechista Ben Gvir traslada a Biden que el país “no es otra estrella en la bandera estadounidense” tras sus críticas a la reforma judicial

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha recalcado este miércoles que “está comprometido a fortalecer la democracia” tras las críticas del presidente estadounidense, Joe Biden, a la propuesta de reforma judicial en el país, al tiempo que le ha trasladado que “Israel es un país soberano que adopta sus decisiones en línea con la voluntad popular”.

“Conozco a Biden desde hace más de 40 años y aprecio su compromiso de larga data con Israel. La alianza entre Israel y Estados Unidos es irrompible y siempre supera los desacuerdos ocasionales”, ha dicho, antes de incidir en que “Israel es un país soberano que adopta sus decisiones en línea con la voluntad popular y no a partir de presiones del extranjero, incluso de sus mejores amigos”.

“Mi Administración está comprometida a fortalecer la democracia restaurando el adecuado equilibrio entre las tres ramas de gobierno, algo que esperamos hacer a través de un amplio consenso”, ha defendido Netanyahu a través de una serie de mensajes en su cuenta en Twitter, después de que Biden se mostrara “muy preocupado” por la crisis política en Israel y afirmara que el país “no puede continuar por este camino”.

Así, Biden aseguró que “ha dejado clara” su postura y mostró su deseo de que el primer ministro israelí “actúe de manera que intente conseguir algún tipo de auténtico compromiso”. “Eso aún está por ver”, manifestó, antes de asegurar que “a corto plazo” no hay planes para que ‘Bibi’ realice una visita oficial a Washington.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha señalado en respuesta a Biden que el país “no es otra estrella en la bandera estadounidense”. “Somos una democracia y espero que el presidente estadounidense lo entienda”, ha señalado, una línea similar a la mostrada por el ministro de Educación, Yoav Kish, quien ha trasladado “con todo el respeto” a Biden que “Israel es un país soberano y las decisiones se toman aquí”. “Puede haber críticas, pero las decisiones son nuestras”, ha recalcado.

Por contra, el ex primer ministro israelí Yair Lapid, líder del opositor Yesh Atid, ha afirmado en Twitter que “Israel ha sido el aliado más cercano de Estados Unidos durante décadas y el gobierno más extremista en la historia de Israel lo ha arruinado en tres meses”.

El exministro de Defensa y líder del opositor Unidad Nacional, Benjamin Gantz, ha aseverado que las palabras de Biden son “un toque de atención” y ha advertido de que dañar las relaciones bilaterales con Washington es equivalente a “un ataque terrorista estratégico”. “El primer ministro debe ordenar a sus representantes para las negociaciones sobre la legislación judicial que actúen rápidamente, reparen la situación y salven la democracia israelí”, ha argumentado, tal y como ha informado el diario ‘Haaretz’.

Netanyahu anunció el lunes una pausa en los trámites parlamentarios sobre la reforma después de una nueva jornada de movilizaciones y unas huelgas sin precedentes en el país, tras lo que el presidente, Isaac Herzog, hizo un llamamiento a iniciar “inmediatamente” conversaciones. Los contactos arrancaron en la noche del martes en la residencia del mandatario en Jerusalén para intentar acercar posturas sobre la controvertida propuesta.

La Presidencia israelí ha señalado que las discusiones tuvieron lugar “en una atmósfera positiva” y ha desvelado que habrá más contactos durante la jornada de este miércoles. Yesh Atid ha reseñado que existe la posibilidad de “un cambio real”, mientras que Unidad Nacional ha hecho hincapié en la necesidad de mantener un sistema judicial apolítico, según ha recogido el diario ‘The Times of Israel’.

De salir adelante, la reforma daría al Gobierno control total sobre el nombramiento de jueces, incluidos los del Tribunal Supremo, y limitaría en gran medida la capacidad del tribunal de anular legislación que viole la Constitución, al tiempo que permitiría al Parlamento modificar leyes que consiga anular con una mayoría simple de 61 de los 120 diputados.


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