MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha desentendido de la opinión emitida este viernes por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que declara ilegal la política de asentamientos de Israel.
La CIJ ha estimado que dicha política es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzado de personas y que, en particular en lo referente a la explotación de los recursos naturales de estos territorios y la imposición de leyes nacionales israelíes sobre los mismos, es constitutiva de un esfuerzo de anexión y contraria al Derecho Internacional.
En su primera reacción al dictamen, Netanyahu ha descrito el dictamen como “absurdo” y ha asegurado que “el pueblo judío no puede ser un ocupador de su propia tierra, incluida nuestra capital eterna, Jerusalén, ni de Judea y Samaria, nuestra patria histórica”, en referencia a la denominación histórica israelí de Cisjordania.
“Ninguna opinión absurda en La Haya puede negar esta verdad histórica o el derecho legal de los israelíes a vivir en sus propias comunidades en nuestro hogar ancestral”, ha añadido el mandatario.
La CIJ abrió en febrero una serie de vistas en torno a la petición presentada en diciembre de 2022 por la Asamblea General de Naciones Unidas para que comunicara una opinión formal sobre los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada.
En las mismas no ha participado el Gobierno israelí, que “no reconoce la legitimidad” de estos procedimientos, y asegura que sirve al “discurso político que intenta imponer la Autoridad Palestina”, en palabras del ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, quien ha respondido a la decisión de este viernes como una “opinión partidista y completamente disociada de la realidad”.
El que fuera ‘número dos’ del gabinete de guerra israelí y ex jefe del Estado Mayor, Benny Gantz, también ha rechazado el dictamen, en este caso porque se trata, a su juicio, de una “interferencia externa y es contraproducente para la seguridad y la estabilidad regionales”.
“Gantz también lamenta que la decisión de la CIJ ignora la masacre cometida por las milicias palestinas el 7 de octubre, detonante de la guerra de Gaza, y sirve “como otro ejemplo de la ‘judicialización’ de un conflicto político”.
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