MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 (EUROPA PRESS)
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, presentará este martes en el Congreso los últimos informes de fiscalización realizados por este organismo de la contabilidad de los partidos políticos y sobre las fundaciones vinculadas a los mismos, y de ellos se recoge que Nueva Canarias tendrá que devolver 6.848,56 euros de la subvención destinada a cubrir gastos de seguridad.
Chicano, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) encargada de las relaciones con el fiscalizador, dará cuenta del informe sobre cuentas de partidos correspondiente al ejercicio de 2017 y del relativo a las fundaciones políticas de los años 2018 y 2019.
En el relativo a las cuentas de los partidos, el tribunal alertó de que iba a estudiar si multaba a PP, Ciudadanos y Partido Feminista integrado en Izquierda Unida (IU) por una posible vulneración de la ley de financiación de partidos políticos en 2017, aunque, según ha comprobado Europa Press, finalmente desistió y no impuso ninguna multa. También detectó incumplimientos legales no sancionables en otras formaciones.
AVISOS A VARIOS PARTIDOS
En concreto, a Ciudadanos se le achacaba haber ingresado cuatro donaciones de personas físicas cada una de ellas por el importe máximo de 50.000 euros, pero todas recibidas en la misma fecha y procedentes de la misma cuenta bancaria de titularidad conjunta de dos de los donantes. Por ello, se consideraba que habría podido excederse el límite máximo de donaciones en un año.
En cuanto al PP, el tribunal señalaba que, en una cuenta bancaria que no figura en su contabilidad, había recibido varios ingresos en efectivo por un total de 3.130 euros que no habían sido identificados. Respecto al Partido Feminista, no se identificó a las personas físicas que le hicieron aportaciones por un total de 3.987 euros.
El fiscalizador también apreció otros incumplimientos de la ley que no se consideran infracciones. Tres formaciones no habían abierto cuentas bancarias específicas para el ingreso diferenciado de las cuotas, de las aportaciones y de las donaciones; 18 partidos ingresaron esas cuotas y aportaciones en cuentas bancarias que no correspondían; y en cinco casos las donaciones no se ingresaron en las cuentas bancarias destinadas exclusivamente a ingresos de esta naturaleza.
PAGOS EN EFECTIVO POR ENCIMA DEL TOPE LEGAL
Igualmente, en cuatro formaciones políticas se identificaron pagos en efectivo por importes superiores a 2.500 euros, que ascienden a un total de 124.141,56 euros, lo que vulnera la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Y en una docena de partidos, las asignaciones concedidas a sus grupos políticos se ingresaron directamente por las instituciones concedentes en las cuentas bancarias de funcionamiento ordinario de los respectivos partidos, lo que contraviene lo dispuesto en la legislación.
Además, el Tribunal indicaba que una serie de partidos no gastaron todas las subvenciones recibidas para cubrir gastos de seguridad, unas ayudas que se crearon frente al terrorismo de ETA. Y como se trata de subvenciones finalistas, la ley establece que el dinero no gastado debe devolverse.
Por ello, se comunicó al Ministerio del Interior la lista de partidos obligados a reintegrar esa subvención. Se trata de Podemos (229.861,84 euros), Izquierda Unida (32.495,97 euros), Barcelona en Comú (24.726,51 euros), Esquerra Unida i Alternativa (12.615,36 euros), Compromís (14.347,04 euros), Anova (12.969,61 euros), Nueva Canarias (6.848,56 euros), Partido Aragonés (8.757,18 euros), Unión del Pueblo Navarro (3.807,74 euros), Foro (3.046,10 euros) y EH Bildu (45,71 euros). Algunos de estos partidos, como Podemos, ya procedieron a la devolución en 2021 vía ingreso al Tesoro Público.
Además, se observó que Barcelona En Comú, Esquerra unida i Alternativa (EUiA-IU) y Equo no presentaron documento alguno que confirme el resultado de la perceptiva revisión del sistema de control interno, lo que supone un incumplimiento legal.
NO HAY PARIDAD EN EL 40% DE LAS CÚPULAS
Por otro lado, en lo que respecta a la observancia de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, un 60% de los partidos políticos fiscalizados contaban al cierre de 2017 con una composición equilibrada de mujeres y hombres en su máximo órgano ejecutivo. Ese porcentaje baja al 40% en cuanto a la composición de la plantilla de personal.
Según el informe relativo a las fundaciones en 2020 dos vinculadas al PSOE acumulaban en 2020 un balance negativo de más de dos millones de euros. Eran la Fundación Pablo Iglesias, que actualmente preside la exministra María Luisa Carcedo (con un patrimonio negativo de 1.976.380,91 euros), y la Fundación Ideas para el Progreso, cuyos ‘números rojos’ se cifran en 151.761,84 euros.
En el informe se menciona también a la sociedad “Fundación Elkartu S.A.”, vinculada a Eusko Alkartasuna, que a 31 de diciembre de 2019 presentaba unos resultados negativos de ejercicios anteriores de 563.064,04 euros, y que ya se encontraba incursa en una causa de disolución.
19 FUNDACIONES SIN ACTIVIDAD
En total, eran seis las fundaciones que presentaban un patrimonio neto negativo al cierre del ejercicio 2019, y 19 estuvieron inactivas en 2018 y 2019, habiendo procedido varias de ellas a acordar su disolución y extinción en los ejercicios posteriores.
Por ello, el Tribunal sugiere ajustar las actividades económicas de las fundaciones y entidades y elaborar un plan de saneamiento con objeto de alcanzar el necesario equilibrio patrimonial, en caso de presentar una situación patrimonial negativa.
Este es el primer informe en el que el tribunal analiza las fundaciones de forma separada de los partidos políticos con quienes mantienen vínculos. En total se examinaron 51 fundaciones y entidades de otro tipo.
SI NO SE INSCRIBEN, QUE NO SE SUBVENCIONEN
En sus conclusiones, recogidas por Europa Press, el Tribunal se lamenta de que por ejemplo, en 2019, sólo 16 fundaciones y entidades presentaron las cuentas en tiempo, 26 lo hicieron fuera de plazo y 9 no las presentaron. Entonces había cuatro que acumulaban dos años de opacidad sin aportar ni un sólo dato: Estudios Sociales de navarra (UPN), Horacio Fernández Inguanzo (PCE de Asturias) y Zabaldiak (IU), y la Asociación Juventudes Navarras (UPN).
Además, solo 21 fundaciones entidades vinculadas se habían inscrito en la sección específica del Registro de Partidos Políticos, incumpliendo con ello la Ley de Partidos. En ese contexto, el Tribunal de Cuentas propone al legislador que esa inscripción sea condición ‘sine qua non’ para percibir subvenciones públicas.
En cuanto a las aportaciones y donaciones privadas, la fiscalización recoge que ascendieron a 2 y 1,6 millones de euros en 2018 y 2019, respectivamente, siguiendo una tendencia decreciente (en 2017 recibieron 2,7 millones de euros).
OBLIGACIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS
En esos dos años, las fundaciones políticas se repartieron casi seis millones de euros en subvenciones públicas (3,3 millones en 2018 y 3,1 millones en 2019). Aquí se han advertido gastos no subvencionables, que deberán ser reintegrados.
En cuanto a las obligaciones de transparencia, un total de 24 fundaciones y 7 entidades políticas no habían publicado en su página web las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019, ni las conclusiones del informe de auditoría, en contra de lo dispuesto en la normativa vigente.
Entre sus recomendaciones, el Tribunal que preside Enriqueta Chicano aconseja fijar un umbral de ingresos mínimo para que las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos estén obligadas a someterse a auditoría externa.
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