MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Un casco azul de Naciones Unidas ha muerto y otro ha resultado herido grave en un ataque a tiros ocurrido este domingo contra un helicóptero de la misión de paz de la ONU en República Democrática del Congo que había partido de la ciudad de Beni, en la provincia nororiental de Kivu Norte, epicentro de la violencia armada que asola al país africano.
El helicóptero, informa la MONUSCO en su cuenta de Twitter, fue atacado a primera hora de la tarde cuando partía hacia Goma en un incidente que se saldó con la muerte de uno de los tripulantes y dejó graves heridas a un compañero.
El aparato, no obstante, acabó aterrizando en la ciudad de Goma, la capital provincial y destino original del vuelo.
En su comunicado, la MONUSCO expresa “sus más sinceras condolencias a la familia y país de origen del pacificador fallecido” antes de condenar “enérgicamente” un “cobarde ataque” contra el aparato, claramente identificado como perteneciente a Naciones Unidas.
La MONUSCO no ha informado de la nacionalidad del casco azul pero fuentes del portal Actualité apuntan que podría ser sudafricano, en un dato no confirmado oficialmente.
La misión de paz de la ONU recuerda que los ataques contra los cascos azules “pueden constituir un crimen de guerra” y asegura que no escatimará esfuerzos junto a las autoridades congoleñas “para que los autores de este acto atroz sean llevados ante la justicia”.
Este ataque tiene lugar pocas horas después de la finalización de la cumbre extraordinaria mantenida por los jefes de Estado del este de África en Burkina Faso, en la que han declarado su intención de reforzar el proceso de paz en Kivu Norte, escenario desde hace meses de cruentos combates entre el Ejército congoleño y el grupo rebelde del Movimiento 23 de Marzo.
La reunión se ha saldado con el compromiso de crear nuevos instrumentos de trabajo para garantizar el cese definitivo de unas hostilidades que han enfrentado al Gobierno congoleño con la vecina Ruanda, acusada de proporcionar un respaldo al M23 que el Gobierno de Kigali ha rechazado categóricamente, mientras más de medio millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la violencia.
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