Sostiene que fue llamado al procedimiento por las “falsas declaraciones de Aguilera y sus personas afines”
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El productor televisivo José Luis Moreno ha pedido al juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción de ‘Titella’ un careo con su presunto ‘número dos’, Antonio Aguilera, para “evidenciar la inexistencia de delito alguno” y ante las “patentes discordancias entre las afirmaciones” vertidas por ambos investigados.
En un escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, la defensa del ventrílocuo sostiene que “la razón por la que fue llamado a este procedimiento y comenzó a ostentar” un “papel protagonista en esta investigación penal se encuentra en las falsas declaraciones de Aguilera y de sus personas afines”.
En ese documento, al que ha tenido acceso Europa Press, Moreno critica que Aguilera y su entorno haya “pretendido derivar” sobre su persona “la responsabilidad de sus actos”. “Se pretende persuadir al juzgado de que Moreno sería el supuesto jefe de una organización criminal”, añade.
Se trata de algo, afirma, que “llama la atención” si se tiene en cuenta que el productor “carece de antecedentes penales y policiales” y “jamás ha estado sometido a ningún otro procedimiento judicial penal”, habiendo además “prestado declaración voluntariamente”.
“Frente a ello el señor Aguilera ya ha sido condenado en dos procedimientos judiciales por la comisión de delitos de naturaleza económica, siendo parte investigada en otros muchos”, reprocha la defensa de Moreno.
UNA “VULGAR Y FRAUDULENTA ESTRATEGIA”
Se trata, según aduce su abogado, de una “vulgar y fraudulenta estrategia” que habría sido “corroborada” por Raúl Pontvianne, una persona “afín al señor Aguilera, que por escrito” habría reconocido que el propio Aguilera estaría colaborando con las autoridades “a fin de aparentar una hipotética y falsa intervención” de Moreno en los hechos.
Es por eso que, además, la representación del ventrílocuo pide al magistrado también que llame a declarar a Aguilera asegurando que, aunque este ya acudió a sede judicial en julio de 2021, su comparecencia se produjo “estando declaradas secretas las presentes actuaciones”, no pudiendo interrogarle.
“Por ello, a la vista de las falsedades vertidas por el citado imputado, y en aras de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de defensa de mi representado, solicitamos se reciba nueva declaración al señor Aguilera, con citación de todas las partes personadas”, solicita.
EL ORIGEN DE TITELLA
Las indagaciones en torno a Titella comenzaron en 2018 y la operación eclosionó el pasado mes de junio con la detención del ventrílocuo y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario.
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al “fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados”, “a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés” y al “blanqueo de capitales”; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los “máximos responsables” y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, “como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita” a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, “era el principal receptor de los fondos obtenidos”.
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían “amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil”, por lo que se ocuparían de crear las sociedades, “maquillarlas”, poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de “empresas pantalla” administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían “grandes cantidades de dinero en efectivo” a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.
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