MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, mostró este martes su “sorpresa” por el “asombro” de CEOE por la subida de las bases máximas de cotización que contempla el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2023, mientras el secretario general de CCOO, Unai Sordo, acusó a la patronal de “sobreactuación”.
Montero y Sordo se expresaron en estos términos en la sede de CCOO, sindicato al que la titular de Hacienda presentó este martes los PGE, después de que este lunes hiciera lo mismo con UGT.
“Es importante saber que son las leyes de presupuestos las que establecen como se revalorizan o actualizan las cotizaciones””, dijo la ministra, quien apuntó que es una “tónica habitual” que han hecho todos los gobiernos.
Por ello, Montero trasladó su “sorpresa” por la reacción de la patronal, recordando que en 2013 y 2014 el Gobierno del PP incrementó las cotizaciones máximas un 5% con “inflación negativa”.
La subida para el próximo año, en el entorno del 8,5% sirve, según Montero, para hacer “sostenible” el sistema de pensiones “no sólo en el corto, sino en el medio y largo plazo”. En este ámbito enmarcó también la transferencia que en 2023 se realizará a la ‘hucha’ de las pensiones por valor de casi 3.000 millones de euros.
SOBREACTUACIÓN
Por su parte, Sordo señaló que le “ha llamado la atención no que les guste o les deje de gustar” a los empresarios la subida de cotizaciones, “sino la sobreactuación que se ha producido”. Indicó que la subida de cotización se “ha producido en situaciones muy diversas” por todos los gobiernos y “a veces” se ha hecho “muy por encima de los niveles de inflación”, recalcando el ejemplo de 2013 y 2014 con el PP. Entonces, dijo, “no provocaba ninguna sobreactuación por parte de la CEOE”.
“Las bases máximas tienen que destoparse en función de los sueldos y salarios. Si no sucede eso los salarios altos dejan de contribuir en mayor medida a la Seguridad Social”, añadió el líder sindical, para enfatizar que él no entiende “tanto ruido”. “O sí, lo entiendo demasiado bien”.
En cuanto al debate del destope de las bases máximas en la reforma de pensiones que deben negociar Gobierno y agentes sociales para ir más allá de la propia revalorización anual, Sordo abogó por “no andar trasteando” con los detalles de un diálogo al que le quedan “muchos capítulos” y que es muy complejo.
RICOS Y POBRES
Posteriormente, la ministra cargó contra el PP por decir que “es antiguo hablar de ricos y pobres” y acusó a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de “no vivir la realidad” de los ciudadanos.
Asimismo, criticó que haya “quienes” planteen que no se eleven las pensiones máximas, que se sitúan en el entorno de los 40.000 euros, mientras el PP se opone al impuesto a las energéticas o al “impuesto de solidaridad” por el que se pide un “mayor esfuerzo” a los patrimonios de más de tres millones de euros que, según Montero, afecta al 0,2% de los españoles.
Por esta razón, sostuvo que se debe enviar un “mensaje de tranquilidad” a los pensionistas, también a quienes cobran la pensión máxima, ya que de lo contrario se produciría “desapego” del sistema de pensiones y buscarían otras alternativas privadas.
En esta línea se expresó también Sordo, quien avisó de que se produciría “una huida” a sistemas diferentes a la Seguridad Social. “No complementarios, sino alternativos”, apuntaló.
A este respecto, la ministra de Hacienda lamentó también que el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, se apunte a negar que “la desigualdad es un lastre” para la recuperación y la eficiencia económica. De hecho, la responsable de la cartera de Hacienda puso en valor que hay personas reconocidas públicamente que, teniendo rentas altas, se han mostrado a favor de contribuir en mayor medida en el momento actual con sus impuestos.
Tanto Montero como Sordo pusieron en valor el carácter “social” de los presupuestos y el líder sindical avanzó que su sindicato realizará propuestas de mejora durante la tramitación parlamentaria del texto.
SUBVENCIONES A SINDICATOS
Además, a preguntas de los medios, ambos apoyaron que los presupuestos recuperen los “recortes” del PP en las subvenciones a las organizaciones sindicales y recordaron que cumplen con un papel que les otorga la Constitución. Eso sí, Sordo detalló que su sindicato recauda al año unos 130 millones, por lo que “el nivel de dependencia es muy limitado afortunadamente y nos permite tener una autonomía de los poderes públicos”.
Por su parte, Montero defendió que los representantes políticos perciban una remuneración suficiente, para que puedan desarrollar labores de representación democrática todas las personas, y no solo quienes tengan un patrimonio elevado. En su opinión, es un “paso importantísimo” democráticamente hablando.
Igualmente, sostuvo que se tiene que “compensar” a los representantes que tienen que viajar o a aquellos que necesitan una vivienda en el desempeño de su tarea de representación.
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