MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha cargado contra la Comunidad de Madrid por el recurso interpuesto este miércoles ante el Tribunal Constitucional por el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, para el que solicita su suspensión cautelar.
En declaraciones distribuidas a los medios de comunicación, la titular de Hacienda ha defendido que el impuesto de solidaridad sobre grandes fortunas es “plenamente constitucional” y ha acusado a la Comunidad de Madrid de continuar con su política de defender “solo a una minoría privilegiada a costa de empeorar los servicios públicos de la mayoría”.
Según Montero, el nuevo tributo temporal garantiza la seguridad jurídica de los contribuyentes al no suponer una doble imposición, ya que la cuota a pagar de este impuesto se podrá deducir la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio.
“Mientras el Gobierno de España ha tomado medidas para aliviar la economía de la mayoría social del país, con la rebaja del IVA a los alimentos o la rebaja del IRPF para rentas medianas, los ejecutivos del PP gobiernan y trabajan para una minoría”, ha denunciado la responsable de Hacienda.
En este sentido, ha señalado que bonificar el impuesto sobre el patrimonio como hace Madrid implica un “regalo fiscal” de casi 1.000 millones de euros para menos del 0,1% de los contribuyentes. “Son recursos que podrían destinarse a mejorar la sanidad o la educación” ha asegurado.
Frente a ello, Montero ha apuntado que el impuesto de solidaridad de grandes fortunas recae sobre una minoría de contribuyentes a quienes, en el contexto actual, se les exige una mayor contribución. “Es una cuestión de justicia social y fiscal”, ha subrayado.
La ministra ha denunciado que cuando se ha protegido a la mayoría de la población, la Comunidad de Madrid “siempre ha mostrado resistencias” y ha recordado que ya ocurrió con el descuento a los abonos transporte promovido por el Gobierno en el Plan de Respuesta a la guerra de Ucrania, respecto al que primero dijeron que no iban a mantener una rebaja compartida entre el Estado y las comunidades.
“La señora Ayuso y su gobierno no quieren que quienes más tienen contribuyan más a financiar los servicios públicos o los recursos del Estado de los que luego nos beneficiamos todos. Medidas como los ERTE, el descuento de la factura de la luz o el transporte gratuito surgen de los impuestos que pagamos entre todos”, concluye la ministra.
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