MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados, a las 9.00 horas, para exponer, a petición del PP, las claves del acuerdo sobre la financiación singular de Cataluña que hizo posible que ERC apoyara la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
Se trata de la segunda vez que la ministra comparece por este motivo en este mes, después de que el pasado 4 de septiembre hiciera lo propio en el Senado. En esta ocasión, la comparecencia se produce a petición del portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, y otros 130 diputados, para que Montero “informe sobre el sistema de financiación singular y el secesionismo fiscal que ha acordado con sus socios de forma bilateral y fuera del sistema de financiación de comunidades autónomas de régimen común, a cambio de presidir la Generalitat de Cataluña y seguir presidiendo el Gobierno de España”.
La titular de Hacienda ya defendió en el Senado a principios de mes que la financiación singular de Cataluña recogida en el acuerdo de PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa es “solidaria” y “profundiza en el federalismo”.
Leyó ante la Cámara Alta el acuerdo firmado y remarcó, entre otras cuestiones, que la Generalitat será la que “gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea”.
SENDA DE DÉFICIT
Tras la comparecencia, se iba a producir el debate y la votación de la senda de déficit, pero el Gobierno decidió el martes aplazarlo para más adelante por la falta de apoyos. En ese sentido, Montero aseguró que ve una “oportunidad” para negociar la senda de gasto con Junts tras aplazarse la votación que iba a celebrarse en el Congreso.
La ministra indicó que tras este aplazamiento ven una “oportunidad para el diálogo” y la van “a aprovechar”. Añadió que será “perfecto” si se llega a un acuerdo tras los nuevos contactos, pero que, en caso de no ser posible, autonomías y ayuntamientos “se quedarán sin 12.000 millones de euros” adicionales.
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