MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
Miles de personas con discapacidad intelectual se presentarán mañana sábado a una oposición para optar a 455 plazas de empleo público como ‘auxiliar para tareas complementarias de apoyo’ de la Administración General del Estado (AGE). La prueba corresponde a dos convocatorias: una de 199 y otra de 256 plazas.
Según Plena inclusión España, 6.262 solicitudes de aspirantes han sido admitidas por parte del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Viajarán desde todo el Estado a las cuatro sedes en las que se desarrollan los exámenes: Sevilla, Zaragoza, Madrid y A Coruña.
En una nota de prensa, la confederación subrayó que se trata de la oposición más multitudinaria de las siete celebradas en España hasta la fecha. En 2011, se aprobó la obligación legal para administraciones públicas de reservar un 2% de las plazas de nueva creación a personas con discapacidad intelectual.
100% DE ADJUDICACIÓN
Desde el año 2012, la Administración General del Estado ha convocado 1.356 puestos de trabajo para la función pública dentro de este cupo reservado, a los que se han presentado 18.398 personas con discapacidad intelectual. El 100% de las plazas convocadas se han cubierto, indicó Plena inclusión.
“Este dato visibiliza la necesidad y el interés que muestran las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo por acceder al empleo como una vía hacia la inclusión en la sociedad”, explicó su presidenta, Carmen Laucirica. Según la encuesta de empleo y discapacidad del INE, sólo un 23,8% de las personas con discapacidad intelectual cuenta con un empleo remunerado.
ACOMPAÑAMIENTO
El movimiento asociativo de Plena inclusión, que agrupa a 950 asociaciones y que apoya a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, ha acompañado a las personas con discapacidad intelectual en estos meses. Mañana, profesionales de Plena inclusión viajarán desde diferentes lugares del Estado para estar junto a los aspirantes en las cuatro sedes en las que se examinan.
Además, la organización exigió a las administraciones estatal, autonómicas y locales que aumenten al 3% la reserva de plazas de empleo público para estas personas, dado su interés y las dificultades a las que se enfrentan para conseguir un empleo, y reclamó también “la adaptación de las pruebas de promoción interna y que estas se hagan en convocatorias específicas para las personas con discapacidad intelectual”.
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