SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 (EUROPA PRESS)
El comité de huelga del Sindicato de Médicos Temporales de Canarias ha anunciado este lunes que retomarán las asambleas informativas de cara a un otoño conflictivo ante la “inacción” del Gobierno regional para responder a sus demandas.
En un comunicado el colectivo se considera “harto” del ‘Pacto de Las Flores’ por su “escasísima preocupación” por la estabilidad laboral de los trabajadores, hecho que ejemplifican en el consejero de Sanidad, Blas Trujillo.
Los médicos cuestionan la “completa y total indiferencia” del Gobierno con este problema “y la consecuencia que los ciudadanos deben esperar es el deterioro acelerado de la sanidad canaria al que nos conduce el gobierno cuatripartito presidido por el PSOE”.
Los facultativos recuerdan que el “descomunal problema de precariedad” en la contratación de los médicos y facultativos del sistema público de salud de Canarias arranca en la “indolencia” de todos los gobiernos (el actual y los previos) del archipiélago, “que desde 2002 a 2022, no han convocado más que una OPE”.
En esa línea insisten en que el derecho los trabajadores “ha sido quebrantado” –tal y como viene siendo reiterado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea— por los gobiernos que se suceden desde 2002, sin excepciones, y de los que han formado parte diversos partidos, pero fundamentalmente CC, PP y PSOE”.
Sin embargo, prosiguen, “el responsable actual de dar solución satisfactoria a este asunto es el Gobierno que preside el PSOE”.
La Mesa de Confluencia presentó al Gobierno de Canarias, al inicio de este conflicto en 2020, dictámenes precisos aportando soluciones para consolidar a los “médicos abusados” por la administración canaria y ahora que “ya no existe impedimento alguno” tras la aprobación de una ley estatal, el Servicio Canario de la Salud niega que se puedan habilitar baremos diferenciados que primen el tiempo trabajado en el puesto de trabajo respecto a otros aspirantes foráneos.
Según el sindicato este argumento es “completamente falso” porque hay un precedente con la Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla y León de 1993, hay jurisprudencia suficiente respeto a casos similares y hay diversas administraciones que ya han legislado, en aplicación de la Ley 20/2021, este tipo de baremos ejerciendo su autonomía y competencia legislativa, el caso más relevante el de Navarra.
“El colmo de la negligencia del gobierno que preside Ángel Víctor Torres ha sido el de negarse a legislar en términos similares aduciendo que la Abogacía del Estado recurriría esa ley navarra, lo cual, una vez cumplido el plazo para ello, no ha sucedido”, señalan.
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