Yolanda Díaz asegura que el Gobierno aprobará el Estatuto del Becario en 2024
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Más de un millón de estudiantes en prácticas de Formación Profesional y universitarios han empezado a cotizar a la Seguridad Social desde este lunes 1 de enero.
“Empezamos el año tal y como lo acabamos: ampliando derechos. Más de un millón de becarios ya están cotizando. Esto supone un gran avance en la protección de los más jóvenes. Pero vamos a más. Este 2024 aprobaremos el Estatuto del Becario”, ha señalado este martes la vicepresidenta Segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una publicación en la red social X.
La cotización de los estudiantes en prácticas ha entrado en vigor este 1 de enero a pesar de que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular pidieron una moratoria o que se anulara.
En concreto, en 2024 un total de 458.959 estudiantes de Formación Profesional en prácticas empezarán a cotizar a la Seguridad Social, ya que esta medida, diseñada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entrará en vigor el próximo 1 de enero. Por ello, esta medida afecta ya a más de 500.000 estudiantes universitarios, según los datos publicados por Yolanda Díaz.
La cotización a la Seguridad Social de los estudiantes de Formación Profesional en prácticas costará a las comunidades autónomas en torno a 18 euros al año por alumno a partir de 2025, según datos facilitados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, recogidos por Europa Press.
La secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, se reunió a finales de año con los directores generales de Formación Profesional de las comunidades autónomas y los directores provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ambos acompañados por sus respectivos equipos técnicos e informáticos, para tratar las últimas cuestiones surgidas en torno a la gestión del alta en la Seguridad Social del alumnado de FP durante sus prácticas en la empresa.
“Desde este Ministerio, hemos tendido la mano a todas las partes implicadas para simplificar el procedimiento y facilitar la puesta en marcha de una actuación que, sin duda, supondrá un enorme avance en los derechos de miles de jóvenes de nuestro país”, destacó Sanz.
Educación recordó que, durante los últimos dos años, ha colaborado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para “aportar su conocimiento sobre la realidad del sistema de Formación Profesional, la de los centros y la de las empresas”.
El procedimiento para que los becarios coticen a la Seguridad Social consiste en realizar un alta y una baja por estudiante, indicando el número de días al mes que desarrolle su formación en la empresa. El alta podrá efectuarse hasta diez días después del inicio de las prácticas. La liquidación tendrá carácter trimestral y la llevará a cabo cada administración autonómica.
LAS CCAA ASUMIRÁN 18 EUROS POR ESTUDIANTE AL AÑO DESDE 2025
En cuanto al coste, Seguridad Social bonificará el 95% de las cotizaciones y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes financiará el 5% restante en 2024. El gasto medio por estudiante que deberán asumir las comunidades autónomas a partir de 2025 será de en torno a 18 euros al año.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura que, para abordar la cuestión de la cotización de los estudiantes en prácticas, han celebrado “cerca de dos centenares de reuniones” entre representantes de la Tesorería General y de las administraciones autonómicas.
La medida se enmarca dentro del proceso de “modernización y mejora” de la calidad de la Formación Profesional impulsado por el Gobierno de España hace cinco años, que ha logrado aumentar el alumnado en más de un 35% durante este periodo hasta superar el millón de estudiantes.
El Gobierno justifica que se trata de “una extensión de derechos que beneficia a los más jóvenes que, de este modo, podrán comenzar una carrera de cotización que les permitirá generar derechos a futuro, puesto que supondrá el reconocimiento de este tiempo como cotizado a efectos de la futura pensión”. Estos jóvenes estarán, además, “más protegidos” durante el desempeño de sus prácticas, por ejemplo, en caso de accidente.
Estos alumnos en prácticas quedarán comprendidos como asimilados a trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social, excluidos los sistemas especiales del mismo, salvo que la práctica o formación se realice a bordo de embarcaciones, en cuyo caso la inclusión se producirá en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
La acción protectora será la correspondiente al régimen de Seguridad Social aplicable, con la exclusión de la protección por desempleo, de la cobertura del Fondo de Garantía Salarial y por Formación Profesional, tampoco aportarán al Mecanismo de Equidad Intergeneracional. En el supuesto de las prácticas no remuneradas se excluirá también la protección por la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
A efectos de prestaciones, la base mensual de cotización aplicable será el resultado de multiplicar la base mínima del grupo 8 de cotización del Régimen General de la Seguridad Social (en 2023, 38,89 €/mes) por el número de días de prácticas formativas realizadas. Se establece como límite el importe de la base mínima de cotización del grupo 7 de cotización del RGSS. Cada día de prácticas formativas no remuneradas será considerado como 1,61 días cotizados, sin que pueda sobrepasarse el número de días del mes correspondiente.
La aplicación de esta novedad contará con una bonificación en las cuotas a la Seguridad Social que alcanzará una reducción del 95% en la cotización por contingencias comunes. Además, en el caso de los estudiantes de Formación Profesional, el 5% restante lo asumirá el Ministerio de Educación.
La medida contempla beneficios también para antiguos becarios ya que recoge la opción de suscribir un convenio especial que posibilite el cómputo de la cotización por los periodos de formación o realización de prácticas no laborales y académicas realizados antes de la entrada en vigor de esta norma y hasta un máximo de cinco años. Esta medida se está negociando en el marco del diálogo social y está pendiente de desarrollo normativo a través de una Orden ministerial.
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