MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
Más de 50 organizaciones sociales, ambientales, ONG y sindicatos exigieron este miércoles al Gobierno la prohibición “permanente” de los cortes de suministros “esenciales” a personas en situación de “vulnerabilidad” y la aplicación del principio de “precaución”, entre otras medidas que ven “urgentes para abordar la pobreza energética”.
Así lo reclamaron en cuatro cartas remitidas, con motivo de la Semana contra la Pobreza Energética, a los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Vivienda, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030 y en las que expresan su “preocupación por la situación de pobreza energética que sufre el país” y demandan “medidas a corto y medio plazo”, según explicaron en un comunicado.
La “principal demanda” de las organizaciones es que se “garantice” el acceso a los suministros básicos “como un derecho permanente, no como medida transitoria sujeta a un período excepcional”.
Para ello, solicitaron la prohibición de la interrupción de los suministros esenciales, incluyendo energía y agua, por impago, y que se aplique el “principio de precaución”, tal y como se recoge desde el año 2015 en Cataluña gracias a la Ley 24/2015, que prohíbe a las empresas suministradoras interrumpir el servicio sin consultar previamente a los servicios sociales si en ese hogar hay personas en situación de vulnerabilidad.
En las cartas, las organizaciones firmantes denuncian que las medidas de protección del Gobierno a las personas vulnerables “tienen un carácter temporal” y reivindican un marco legal estable “que avance en el Derecho a la Energía”.
MEDIDAS URGENTES
En paralelo, también señalan que la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (2019-2024) “sólo se ha implementado parcialmente” y reclaman “medidas urgentes” a implementar este año.
Entre ellas, también abogan por la “ampliación y automatización” de la concesión del bono social y la creación de una tarifa social accesible, por cambiar la regulación para que las comercializadoras de energía que lo soliciten puedan ofrecer el bono social y por la creación de una mesa de trabajo con las entidades firmantes para la elaboración de la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (2024-2029).
Junto a ello, instan al Gobierno central a “intervenir” en el caso de la Cañada Real y que “garantice el acceso a la energía a su población”.
Asimismo, a medio plazo apuestan por la creación de los mecanismos y programas “necesarios para que las personas en situación de vulnerabilidad accedan a las ayudas en materia de renovables, rehabilitación y eficiencia energética”, por una nueva ley de eficiencia energética que “desbloquee procesos de mejora en las viviendas vulnerables” y por incluir medidas para “prevenir y paliar la pobreza energética de verano en la nueva estrategia”.
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