Desde Interior trataron de calmar el malestar limitando el acuerdo al plano asistencial y no a las competencias policiales
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto presidir este lunes el Pleno del Consejo de la Policía Nacional con la asistencia de los sindicatos representativos del cuerpo, que siguen manteniendo sus críticas, pese a las llamadas tratando de tranquilizarles, por el acuerdo con Junts para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña mediante una futura ley orgánica.
Este jueves por la tarde, 24 horas después de convalidarse en el Senado los decretos por el acuerdo con Junts, desde la Dirección General de la Policía llamaron a los sindicatos de la Policía para tratar de calmar el malestar interno, limitando la transferencia migratoria a Cataluña a materias asistenciales que afectan al Ministerio de Migraciones, y no de seguridad de la que es competente el Ministerio del Interior.
Los sindicatos de Policía y también las asociaciones de la Guardia Civil acogieron con fuertes críticas el acuerdo ‘in extremis’ del miércoles en el Senado con Junts con el que el Gobierno de Pedro Sánchez consiguió salvar dos de los tres decretos sobre medidas anticrisis y en materia de Justicia.
La mayoría de sindicatos policiales exigieron la mediación de Grande-Marlaska para frenar el “desguace del Estado”. La crítica era unánime por la falta de información, ya que el anuncio se conoció por Junts, y calificaron de despropósito el “mercadeo” continuo del Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas.
LLAMADAS A LOS SINDICATOS
El día después de la convalidación de los decretos, el Ministerio del Interior se remitió a las explicaciones ofrecidas por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aunque en paralelo el jueves por la tarde hubo llamadas desde la Dirección General de la Policía a los sindicatos tratando de tranquilizarles.
En concreto, según varias fuentes conocedoras de las llamadas consultadas por Europa Press, desde la Dirección General dependiente del Ministerio del Interior se explicó a los sindicatos que no perderían competencias en cuestiones como el control fronterizo en Cataluña o los trámites de expulsión de extranjeros en situación irregular.
Según las explicaciones ofrecidas por la Policía a los sindicatos, el acuerdo se limitaría a cuestiones asistenciales, relativas a competencias del Ministerio de Migraciones, sin afectación por tanto a las competencias de la ley de extranjería. Además, recordaron que esto exigía la aprobación de una ley orgánica aún por desarrollar.
Tras el pleno en el Senado de convalidación de decretos con la abstención de Junts, dirigentes de este partido liderado por Carles Puigdemont han justificado el traspaso para tener las competencias sobre la expulsión de migrantes en Cataluña o para regular esta materia teniendo en cuenta aspectos como la lengua.
El PP reaccionó denunciando que el Gobierno abría la puerta a “comprometer la seguridad nacional”, por la posibilidad de que la Policía pierda en Cataluña el control de las fronteras, los visados, las autorizaciones de trabajo, los trámites sobre expulsiones o devoluciones, todo ello competencias en el área de migración que los sindicatos entienden que están blindadas por la Constitución y no son transferibles.
ACUERDO PARA AMPLIAR PLANTILLA DE MOSSOS
En este contexto, Grande-Marlaska asiste a la reunión del Consejo de la Policía, el órgano de interlocución con los sindicatos representativos, en una cita fijada antes de la polémica por el acuerdo con Junts. El pasado 14 de diciembre ya asistió al pleno con las asociaciones de la Guardia Civil.
Esta semana, además, el ministro se ha reunido con el conseller de Interior catalán, Joan Ignasi Elena, con el que trató sobre la escolta en Bélgica reclamada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y que está pendiente de un informe solicitado a la Abogacía del Estado, que ya rechazó en otras ocasiones esta medida.
Además, Grande-Marlaska y Elena acordaron convocar una junta de seguridad durante el primer trimestre del año. La Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez acordaron en diciembre destinar 1.600 millones de euros para permitir el despliegue de 3.000 agentes más de los Mossos d’Esquadra, hasta alcanzar los 22.006 efectivos en 2030.
La consellera de Economía y Hacienda de Cataluña, Natàlia Mas, también explicó que se iban a destinar 46 millones de euros para igualar la jubilación anticipada de los Mossos con los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil.
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