Recuerda el caso de un retornado de Siria experto en criptodivisas que llegó a Almería en patera en pleno confinamiento por la pandemia
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La limitación de tres meses para el acceso remoto a teléfonos móviles de investigados por terrorismo y la falta de bases de datos europeas comunes con acceso a información bancaria o de bienes constituye para la Policía los principales retos en la lucha contra la financiación del terrorismo, ya que se recurre cada vez con más frecuencia a la ocultación de transacciones con el clásico intercambio por el sistema milenario del ‘Hawala’ o con las criptomonedas.
De todos estos retos ha dado cuenta el jefe de la sección de financiación del terrorismo de la Comisaría General de Información de la Policía, Felipe Vergara del Toro, en unas jornadas organizadas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que fueron clausuradas este jueves por el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea.
“Una interceptación telefónica tradicional ya nos da muy poco, por eso nos tenemos que especializar”, ha señalado este mando policial en una intervención en la que mostró casos reales de teléfonos móviles de yihadistas repletos de aplicaciones para el intercambio de criptodivisas, la banca digital y aplicaciones de mensajería, en la mayoría de caso recurriendo a Tor y otras plataformas de la conocida como Darknet de Internet.
Vergara del Toro lleva desde 2013 liderando en la Policía la lucha contra la financiación terrorista y, según él, “desde hace cinco o seis años se ha visto una gran evolución” en los métodos empleados para mover el dinero, pasando de cuantías pequeñas a las actuales caracterizadas por grandes transacciones y por la diversificación: se usa para el terrorismo, pero también para otros delitos como narcotráfico o trata de seres humanos.
“Los medios tradicionales son útiles pero no son suficientes”, expone este experto de los Servicios de Información, que recuerda el problema añadido de que haya redes criminales que usan países como Irán o Turquía, con una cooperación inexistente o deficiente.
Por eso apuesta por mejorar la capacidad de actuación policial. “Se necesitan cambios. Es muy relevante poder acceder a la información de los teléfonos móviles, ya que hoy en día todo está ahí”.
TRES MESES DE INTERVENCIÓN REMOTA
En su intervención, puso de ejemplo el caso de Abdel-Majed Abdel Bary, un exrapero británico de origen egipcio que fue detenido en 2020 en Almería, a donde llegó en patera en plena pandemia de coronavirus y con el país confiando. Era buscado en Europa por ser un yihadista retornado de Siria “y lo primero que hizo aquí fue comprarse un teléfono y un ordenador”, al ser fundamentales para su fuente de ingresos.
El jefe de sección de la Comisaría General de Información lo pone de ejemplo de las “operaciones internacionales” que practica la Policía en España, en las que echa en falta mejorar la capacidad para la interceptación remota de los teléfonos móviles. “A día de hoy solo nos permite hasta tres meses, y de mes en mes; pero sin eso prácticamente no accedemos a nada”, explica.
Esto es fundamental porque, como pasó con Abdel Bary, los yihadistas cada vez recurren más a sistemas de transferencias informales de dinero, tanto con sistemas tradicionales como el ‘Hawala’ como otros más sofisticados por vías encriptadas.
Vergara del Toro se refiere al ‘Hawala’, un sistema financiero milenario que surgió como método de autoprotección ante posibles asaltos que podrían sufrir comerciantes al portar dinero en sus viajes, ya que permite entregar dinero en destino, al margen del circuito financiero regulado, gracias a la confianza entre sus intermediarios.
“Muy pocos países tienen penalizado el Hawala, es alegal, no está regulado y la prevención es difícil. Hemos detenido a gente muy importante que le pega a todos los palos: terrorismo, narcotráfico o lo que sea”, advierte.
AVANCES CON LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN
No obstante, este experto policial ve avances como la Orden Europea de Investigación, ya que mejora a la tradicional comisión rogatoria en el intercambio de información con países de Europa del Este, por ejemplo, pero subraya que “siempre se puede mejorar”.
“Se ha de fomentar la creación de registros comunes a nivel europeo. Estamos constituidos como espacio europeo en el que hay libertad de movimientos y para eso no hay ningún problema, pero sin embargo no hay acceso a información bancaria, registral, sobre empresas, propiedades de ciudadanos europeos. Hay que crear esos registros comunes europeos e interconectarlos”, ha señalado.
La jornada organizada por el SUP la cerró el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea con una ponencia sobre la aplicación del artículo 576 del Código Penal en la lucha de la financiación del terrorismo. Sobre este tema, reconoció que era “descorazonador” no contar con un consenso internacional sobre la definición de terrorismo, y mencionó los casos concretos del atropello en Torre Pacheco (Murcia) y de Algeciras (Cádiz).
“Ojalá hubiera una guía clara”, señaló Gadea sobre la imputación del delito terrorista, debido a la “complicación” que supone probar la finalidad del acto terrorista, como ocurrió con el caso del detenido por matar a un cura en Algeciras e hirió a otras cuatro personas el pasado mes de enero.
También recordó que es “bastante frecuente” que las defensas de los investigados por yihadismo busquen la nulidad de la prueba debido a la intervención policial de teléfonos, aunque añadió que la propia Audiencia Nacional ha fallado avalando esta práctica en la fase de instrucción por la necesidad de prevenir delitos de terrorismo y, posteriormente, someterla a prueba en el juicio oral.
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