MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda, ha asegurado este martes que el antiguo jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, recién nombrado como gestor de paz, responderá ante las víctimas.
“Los derechos de las víctimas están en el centro, no se admite ningún tipo de burla. Por eso hemos propuesto la vuelta de Mancuso”, ha afirmado Rueda ante los medios de comunicación, según ha publicado Radio Caracol en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Además, el Alto Comisionado ha explicado que otros exjefes de las AUC podrían ser designados como gestores de paz, aunque sus casos aún se siguen estudiando, y aquellos que lo hayan solicitado pasarán por “un examen judicial”.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este lunes un documento que confirma el nombramiento Mancuso como gestor de paz, quien había anunciado previamente su disposición a trabajar de forma conjunta con las autoridades para buscar a víctimas de desaparición forzada en la frontera con Venezuela.
Los ministerios de Justicia y de Exteriores de Colombia anunciaron a finales de julio la activación de todos los “mecanismos diplomáticos necesarios” para tramitar la extradición de Mancuso, que se encuentra desde hace dos años en un centro de retención de migrantes de Atlanta (Estados Unidos) a la espera de su extradición a Colombia, en donde hace unos meses se le concedió cuatro años de libertad condicional, si bien tiene cuitas pendientes con la Justicia por su pasado al frente de las AUC.
Por su parte, el Alto Comisionado ya expresó que la designación en este puesto “de ninguna manera exime de responsabilidades penales, investigaciones o sanciones” y que los exmiembros de las AUC deberán seguir declarando ante los tribunales cuando “se les requiera”.
Mancuso, conocido como ‘Triple Cero’ durante su pasado armado, ha reconocido estar implicado en al menos 300 asesinatos, entre los cuales están los de la masacre de El Aro, que le acarreó una condena de 40 años de cárcel que jamás cumplió por sumarse al mecanismo Ley de Justicia y Paz, promovido por el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a paramilitares.
A su vez, tiene abiertos dos procesos judiciales en Colombia por su responsabilidad en más de 600 homicidios, el desplazamiento forzoso de casi 1.000 personas y más de una treintena de desapariciones forzadas.
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