MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El juez instructor de la Audiencia Nacional que indaga en las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre cargos de Podemos tomará declaración este miércoles a partir de las 10.15 horas a José María González, quien fuera secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía en abril de 2016.
En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado detallaba que González supuestamente habría propuesto una actuación administrativa a favor de Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano que habría presentado un justificante en el que se apuntaba a una presunta transferencia que el régimen ‘chavista’ habría realizado al ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias.
En concreto, esa actuación administrativa a favor de Arias se habría realizado “en virtud de la colaboración que viene prestando”. El objetivo ahora, apuntaba el juez en su resolución, es que detalle en sede judicial la referida “colaboración” y si tuvo que ver con la formación ‘morada’.
Ese mismo día el juez Santiago Pedraz escuchará a Manuel López Vázquez, quien hasta marzo de 2016 fue comisario jefe de la UDEF y por tanto predecesor en sus funciones del también testigo José Manuel García Catalán.
Estaba previsto que el juez tomase declaración este viernes como testigos a dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, pero sendas diligencias han quedado sin efecto y han sido aplazadas al próximo 4 de marzo.
De uno de ellos, Podemos reseñaba en un escrito que era jefe de la Sección de Vigilancia de la Unidad de Asuntos Internos en la época en que acontecieron los hechos investigados y puede “esclarecer las circunstancias en que se produjeron las reuniones de los funcionarios pertenecientes a la organización investigada con los ex dirigentes venezolanos en España en diversos hoteles”.
Sobre la segunda, la formación indicó que era la inspectora Jefe de la UDEF que participó en las operaciones ‘Venus’ y ‘Bolívar’, incluyendo en ellas el viaje a Nueva York para entrevistarse con Rafael Isea.
LA QUERELLA DE PODEMOS
Cabe recordar que fue en febrero de 2024 cuando Pedraz admitió parcialmente la querella de Podemos contra el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por esas presuntas investigaciones prospectivas. Rechazaba, eso sí, investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales.
La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, “se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política”.
Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con capacidad éste de decisión última, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
OCHO ACTUACIONES CONCRETAS
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las “fuentes policiales” para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento “falsario” de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
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