MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones celebrará este lunes, a las 16.00 horas, una nueva reunión de la mesa de diálogo social sobre pensiones para tratar con sindicatos y patronal los asuntos que quedaron pendientes en la reforma que se aprobó en varias fases entre 2021 y 2023 durante la pasada legislatura.
Este nuevo encuentro, casi tres semanas después del anterior, llega después de que en las últimas jornadas el protagonismo lo adquiriera la negociación del Ministerio de Trabajo y Economía Social con los agentes sociales acerca de la reforma del subsidio por desempleo. La misma se cerró con un pacto bilateral, es decir, solo entre Trabajo y CCOO y UGT, dado que se descolgaron CEOE y Cepyme.
Tras el último encuentro de pensiones, celebrado el 22 de abril, CCOO y UGT siguieron manteniendo discrepancias con las propuestas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la mesa de diálogo social sobre pensiones en cuestiones como la reforma de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades penosas y peligrosas y la modificación de la jubilación parcial, incluido el contrato de relevo.
La secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, y el secretario confederal de Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, coincidieron en que se han producido “avances” pero todavía hay cuestiones de fondo en las que no hay acuerdo.
Carlos Bravo dijo que “hay problemas” para acordar la fórmula de reducción de la edad de jubilación en actividades penosas y peligrosas, así como qué colectivos pueden tener derecho a ello. “Lo primero que hay que abordar es que nadie trabaja en malas condiciones”, advirtió el representante de CCOO, quien aclaró que cuando eso no sea posible es el momento en el que tienen que operar esos coeficientes reductores.
En esta línea, Patricia Ruiz comentó que con la propuesta de ahora del Gobierno colectivos tan feminizados como el de las camareras de piso o la dependencia quedarían fuera de las medidas, por lo que indicó que no pueden suscribir un pacto que deja “fuera” a la parte más “vulnerable”.
En cuanto a la modificación de la jubilación parcial, Carlos Bravo sostuvo que la propuesta de Seguridad Social “claramente no tiene el apoyo de ninguno de los interlocutores sociales”. Aunque “hay algún elemento de interés”, otros aspectos son “negativos” e intentan limitar las medidas, según este portavoz de CCOO.
“El Gobierno lo que quería era mantener los ajustes y el recorte que el Partido Popular incorporó en lo que pactamos en el año 2011 y de ahí no se ha movido todavía de una manera clara. Este es un asunto que es relevante, que es muy sensible”, reforzó Bravo, quien incidió especialmente en mejorar las condiciones del contrato relevo.
A su juicio, lo más importante es que el empleo sea indefinido, a tiempo completo y en un puesto de trabajo no amortizable. “Es decir, esto no es una medida de relevo generacional temporal para que cuando la persona jubilada parcial salga, la persona que le sustituye pueda ver extinguido su contrato”, avisó.
En esta línea, Patricia Ruiz advirtió de que la reforma de la jubilación parcial debe ser para “mejorar” y no para “empeorar” la legislación en vigor. Además, reconoció que “los objetivos están claros” y coinciden los del Gobierno y los sindicatos, pero las medidas que luego plantea Seguridad Social “rebaja derechos en todas las modalidades de jubilación anticipada”.
Como aspecto positivo, Carlos bravo explicó que el Gobierno ha aceptado que haya una “solución rápida a la equiparación completa, la recuperación de los coeficientes multiplicadores del periodo trabajado en los fijos discontinuos”, ya que existía la propuesta de la recuperación del coeficiente de 1,5, es decir, que aquellos que trabajan seis meses tienen nueve reconocidos. No obstante, afirmó que han pedido que la medida tenga efectos retroactivos.
En cambio, este representante de CCOO señaló que sigue pendiente de aprobar la orden ministerial que regula la suscripción de convenios especiales para las personas que han tenido prácticas no laborales, a fin de que puedan recuperar su tiempo cotizado con una retroactividad de hasta cinco años.
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