MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará este viernes el acuerdo que alcanzaron el Gobierno y la Conferencia Episcopal por el cual la Iglesia española renunció a la exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio) y las contribuciones especiales, privilegios fiscales que suponían entre 12 y 14 millones de euros.
Así lo avanzó el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, durante la primera sesión de las jornadas de información macroeconómica para periodistas organizadas por APIE, donde explicó que la orden ministerial ya ha superado todos los trámites y, por tanto, está lista para ser publicada en el BOE aunque el Gobierno esté en funciones.
De este modo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez procederá a la derogación de la orden ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda en el que se regula la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO) en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos.
Según un comunicado que difundieron en marzo Ejecutivo e Iglesia, el fin de esta exención fiscal se “desarrolla en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación”.
Dicha exención, regulada bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, se deriva del contexto fiscal que la institución eclesial tiene en base a los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado (de 1976 y 1979, posteriores a la muerte de Franco), y era uno de los puntos en los que los obispos españoles estaban más dispuestos a ceder, según indicaron a Servimedia fuentes que acuden a las habituales citas que mantienen el Episcopado y el Gobierno Español para abordar distintos temas.
El compromiso a pagar el Icio también responde a la premisa, repetida desde la CEE, de que la Iglesia quiere pagar los impuestos que le corresponden, sin privilegios, pero tampoco sin discriminación. En el origen de esta renuncia por parte de la CEE estaría una sentencia europea por las obras de un colegio en Getafe cuyos impuestos de reforma reclamó el consistorio del municipio madrileño.
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