MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ‘No Es Mi Cultura’ entregará este lunes más de 650.000 firmas en el Congreso de los Diputados, en Madrid, con el fin de eliminar la protección legal que tiene actualmente la tauromaquia en España con su consideración de patrimonio cultural en una ley de 2013.
La ILP ha superado el objetivo inicial de 500.000 firmas después de una recogida que se prolongó durante los últimos meses, después de que la Mesa del Congreso admitiera a trámite la iniciativa en febrero de 2024.
Esta iniciativa fue impulsada por representantes de varias organizaciones agrupadas en ‘No es mi cultura’, entre ellas AnimaNaturalis, Ecologistas en Acción, Faada y La Tortura No Es Cultura.
Fuentes de la Comisión Promotora de la ILP apuntaron a Servimedia que la recogida de firmas y el recuento de pliegos se prolongó este fin de semana, con lo que previsiblemente la cifra final de apoyos se acercará a los 700.000.
“Hemos superado ampliamente el umbral necesario, lo que demuestra el rechazo de la sociedad española hacia la tauromaquia como patrimonio cultural. Cada firma representa una voz que clama por una cultura más ética y respetuosa con los animales”, según Aïda Gascón, miembro de la Comisión Promotora de la ILP.
Cristina Ibáñez, también integrante de la Comisión, añade: “Este respaldo masivo refleja el deseo de la ciudadanía de avanzar hacia una cultura que no celebre el maltrato animal. Es un triunfo de la democracia participativa y de la conciencia colectiva”.
La recogida de firmas unió a más de 200 organizaciones de defensa animal, miles de voluntarios y colectivos de toda España en actividades desde festivales universitarios hasta manifestaciones sociales.
COMPETENCIAS
La ILP busca que el Congreso debata la derogación de la Ley 18/2013 y devuelva a las comunidades autónomas y municipios la competencia para prohibir o regular espectáculos taurinos. “Es esencial que las administraciones puedan decidir qué prácticas culturales representan verdaderamente a su población. La tauromaquia no puede seguir siendo impuesta desde el Gobierno central”, indica Gascón.
Antes de esa norma, las competencias en cultura y de espectáculos recaían en las comunidades autónomas y en quienes ellas decidieran delegarlas. Sin embargo, la ley estableció un marco legal estatal que prevalece sobre las decisiones locales.
Este cambio ha tenido consecuencias concretas, como la anulación de la ley catalana de 2010 que prohibía las corridas de toros y la normativa balear de 2018 que impedía la muerte del toro en la plaza.
160 PUNTOS DE RECOGIDA
La campaña contó con 160 puntos fijos de recogida de firmas (desde comercios, campus universitarios, centros culturales hasta sedes de instituciones) con una estrategia online que facilitó la firma electrónica mediante certificado digital.
De hecho, se desplegó por fiestas emblemáticas como San Isidro y Aste Nagusia, en protestas contra la gestión la dana en Valencia, salones del cómic, conciertos y actos reivindicativos por los derechos Lgtbi+ y de las mujeres.
“La diversidad y el compromiso de los colectivos involucrados han sido fundamentales para alcanzar este hito. Hemos trabajado codo a codo con jóvenes, asociaciones culturales y movimientos sociales, demostrando que la lucha por los derechos animales es una causa común”, subraya Gascón.
Fuentes de la Comisión Promotora aseguran que los equipos de voluntarios se enfrentaron a “agresiones verbales y físicas” por parte de aficionados taurinos, quienes en ocasiones intentaron “impedir la recogida de firmas, destruir material e incluso aterrorizar a los activistas”.
De hecho, actualmente hay dos causas judiciales abiertas: una en Valencia, donde un aficionado taurino agredió a voluntarias, y otra en Zaragoza, donde un novillero intentó amedrentar físicamente al equipo de voluntarios y destrozar a patadas la mesa y los pliegos.
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