Las FFAA malienses “neutralizan” a varios “terroristas” con ataques aéreos
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El Ejército maliense ha rechazado este martes la “salida apresurada” de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) de la base de Aguelhok, en la región de Kidal, y les ha acusado de poner “en peligro” la retirada de sus tropas en el marco del proceso de salida acordado con el Gobierno del país.
“Ayer, nos enteramos de la retirada de la MINUSMA del campamento de Aguilhok. Sin embargo, observamos con gran pesar que esta retirada no ha sido objeto de una devolución a las Fuerzas Armadas de Malí (FAMa), como se estipula en el calendario”, reza un comunicado.
En este sentido, han indicado que esta situación “de salida apresurada de la MINUSMA pone en peligro el proceso iniciado y amenaza la seguridad y la estabilidad en la localidad de Aguelhok”, donde varios “terroristas han aprovechado este desorden para ingresar y destruir varias instalaciones”.
Según reza la misiva del Ejército, publicada en sus redes sociales, la Fuerza Aérea ha “neutralizado” a los supuestos terroristas.
En la víspera, la MINUSMA anunció su retirada de la mencionada base, dos días después de partir del campamento de Tessalit, también en la región de Kidal, alegando que “la situación allí se había vuelto muy peligrosa para su seguridad, con informes de amenazas reales contra (los ‘cascos azules’)”.
La misión, además, denunció ataques con artefactos explosivos improvisados contra dos convoyes que se estaban retirando, causando heridos y daños materiales, sin que diese más detalles al respecto, por lo que se desconoce el estado de los miembros.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 30 de junio, y a petición de las autoridades malienses, la retirada de la misión, que llevaba ya diez años operando en el país. Las relaciones de Malí con la MINUSMA se vieron afectadas por un informe de la ONU sobre la matanza de más de 500 personas en marzo de 2022 en la ciudad de Moura (centro), en el que se apuntaba al Ejército como principal responsable.
Entonces, el Gobierno rechazó “vigorosamente” el informe, y aseguró que las imágenes obtenidas por satélite por los investigadores constituyeron un delito de “espionaje”.
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