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Madrid también eliminará las bicicletas de alquiler de empresas privadas

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MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

El Ayuntamiento de Madrid decidió este martes no prorrogar el contrato que regulaba el alquiler de bicicletas sin base fija por parte de empresas privadas en la ciudad, lo que obligará a su retirada de las calles.

Según confirmaron fuentes del Área de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad a Servimedia, el contrato terminó este lunes y el consistorio ha tomado la decisión de no prorrogarlo, tras tras tomar hace unas semanas la misma decisión con los patinetes eléctricos de alquiler.

Desde 2022, Madrid contaba con seis operadores de bicis sin base fija autorizados que eran Bicimad Go, Lime, Idbrik Spain, Boltest, Ride Dott y Bird. Fuentes del Ayuntamiento explicaron que cuando se hicieron estas concesiones, el servicio municipal de alquiler de bicicletas, Bicimad, solo contaba con 2.900 unidades, que llegaban a 15 distritos.

Sin embargo, a día de hoy el servicio llega a todos los distritos de la ciudad y tiene 7.500 bicicletas, lo que ha motivado la decisión de no prorrogar el contrato. Aunque el motivo principal para la retirada de los vehículos es que el contrato ha terminado, el Consistorio explicó que estas empresas tampoco han cumplido “con las condiciones establecidas para el reparto de 2.802 vehículos, ya que 1.999 bicis tendrían que repartirse dentro de la M-30 y 1.197 bicis fuera de la vía de circunvalación”.

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En cualquier caso, subrayaron que este caso es distinto al de los patinetes, porque la retirada de ese servicio se debió estrictamente a un incumplimiento de las bases de la autorización y a que se habían “incumplido los condicionante que impuso el Ayuntamiento para garantizar la seguridad de los peatones”, según explicó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

A estas medias se sumará la regulación de los llamados ‘tuk-tuk’ que anunció Almeida el 11 de septiembre, aunque por el momento no se ha concretado como exactamente. El alcalde además encargó a la delegada del Área de Turismo, Almudena Maíllo, que “determine cuál es la situación” y “el marco normativo concreto bajo el que se amparan los tuk tuk para poder tomar decisiones al respecto”.


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