La maniobra sólo ha contado con el respaldo de su promotor y de la vocal que ya renunció hace semanas
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han celebrado este martes una reunión para valorar una posible dimisión en bloque, con el objetivo de forzar la renovación del CGPJ –caducado desde el 4 de diciembre de 2018–, pero ha acabado sin acuerdo porque la mayoría sigue sin estar conforme con esta medida de presión, con lo que el debate se da por finiquitado.
Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, el encuentro ha servido básicamente para que los ocho vocales que integran el denominado bloque progresista del CGPJ discutan por primera vez entre todos este asunto, pero sin que quienes apoyan la renuncia colectiva hayan logrado convencer a los que se muestran reacios, de modo que las diferencias persisten.
La iniciativa partió el pasado jueves del vocal progresista Álvaro Cuesta, un día después de que se conociera que su compañera Concepción Sáez había presentado su renuncia al presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo, el 13 de marzo ante la “insostenible” situación del Consejo, tanto por la interinidad como por las tensiones internas.
De acuerdo con las citadas fuentes, la maniobra sólo ha contado con el respaldo del propio Cuesta, que se ha reservado su decisión final –deslizando así una eventual dimisión individual–, y de Sáez. De hecho, algunos vocales han manifestado su malestar por siquiera abordar la posibilidad de una dimisión conjunta.
Concluido este encuentro, que ha durado unas dos horas, los vocales progresistas no se han emplazado a una nueva reunión, por lo que desde el bloque se da por zanjado el debate, restando únicamente que Mozo resuelva en el Pleno del próximo jueves si rechaza o acepta la renuncia de Sáez, aunque las fuentes avanzan que la aceptará.
PARALIZAR EL CGPJ
La idea lanzada por Cuesta era que los otros 7 vocales progresistas –los seis designados a propuesta del PSOE más Enrique Lucas, nominado por el PNV pero que suele alinearse con este grupo– se sumaran a Sáez para poner en peligro el ‘quorum’ del Pleno y empujar así a Gobierno y PP a pactar la renovación del CGPJ.
Sin embargo, las fuentes indican que desde entonces la teoría inicial se ha ido desmoronando por las crecientes dudas de que la partida de los ocho vocales progresistas puedan llegar a maniatar al CGPJ.
El viernes, ya hubo una primera reunión con cinco vocales –Cuesta, Mozo, Sáez, Pilar Sepúlveda y Clara Martínez de Careaga– que sirvió para abrir la “reflexión”, ya que los tres restantes –Mar Cabrejas, Roser Bach y Lucas– no pudieron asistir ni telemáticamente. De ahí que se citaran los ocho para este martes.
El objetivo de la reunión de este 28 de marzo era intentar pactar una postura común que llevar al Pleno ordinario del jueves, donde ya figura en el orden del día una “dación de cuenta” de la renuncia presentada por Sáez y un “análisis de la situación actual del Consejo General del Poder Judicial”.
EL ‘PLAN B’ DE LA COMISIÓN PERMANENTE
En todo caso, las fuentes subrayan que la dimisión en bloque de los ocho progresistas sería más una medida simbólica que práctica porque parece claro que el CGPJ podría seguir funcionando.
El primer escollo sería el ‘quorum’ del Pleno, el máximo órgano del CGPJ. Actualmente, es de 11 (diez más el presidente), por lo que la partida de los vocales progresistas podría impedir que se constituyera. Sin embargo, desde el ala conservadora se avisa de que, puesto que Mozo es un presidente interino, podría interpretarse que con los diez miembros conservadores es posible seguir trabajando.
El segundo resorte que evitaría la parálisis del CGPJ es la Comisión Permanente, su órgano ejecutivo. Las fuentes consultadas se muestran seguras de que, incluso en el caso de que fuera imposible formar Pleno, dicha comisión –para la que solo se requieren siete vocales– podría continuar operando.
Así las cosas, la salida de los ocho progresistas dejaría el CGPJ en manos de los diez conservadores, que descartan dimitir alegando, por un lado, la necesidad de seguir resolviendo los problemas del día a día del Poder Judicial (bajas, libranzas, etc) y, por otro, que la solución a la no renovación deben aportarla las fuerzas políticas.
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