Acusa al tribunal de actuar por “consideraciones políticas” tras la petición de la Fiscalía de una orden de arresto contra el líder del grupo
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras tomar el control del país en agosto de 2021 han anunciado este jueves que no reconocen obligación alguna bajo el Estatuto de Roma y que la adhesión de Kabul al Tribunal Penal Internacional (TPI), llevada a cabo por el anterior gobierno, “carece de validez jurídica”.
El viceportavoz del Emirato Islámico de Afganistán, Hamdulá Fitrat, ha recalcado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que “como entidad que defiende los valores religiosos y nacionales del pueblo afgano en el marco de la ‘sharia’, el Emirato Islámico de Afganistán no reconoce ninguna obligación bajo el Estatuto de Roma o la institución llamada TPI”.
“El historial de este ‘tribunal’ demuestra inequívocamente que, en lugar de adherirse a los principios de justicia e imparcialidad, ha actuado siempre en consonancia con consideraciones políticas”, ha afirmado Fitrat, quien ha subrayado que “el Emirato Islámico de Afganistán, que aboga por el respeto mutuo y el compromiso basado en principios con otras naciones, rechaza de forma fundamental ese enfoque”.
“En numerosos países, incluido Afganistán, millones de civiles inocentes, en su mayoría mujeres y niños, han sufrido opresión y han sido sometidos a actos de violencia. Sin embargo, este ‘tribunal’ ha fracasado notoriamente a la hora de abordar estas flagrantes injusticias”, ha argumentado el viceportavoz de las autoridades afganas.
En este sentido, ha afirmado que “esta institución no ha adoptado medidas sustanciales contra los crímenes de guerra perpetrados en Afganistán por las fuerzas de ocupación y sus aliados”, entre los que ha citado “la destrucción generalizada de localidades, instituciones educativas, mezquitas, hospitales y ceremonias de boda”.
“Miles de mujeres, niños y ancianos, e incluso presos bajo cautiverio, han caído mártires, pese a lo cual este ‘tribunal’ no ha iniciado investigaciones ni ha intentado evitar estos actos de opresión”, ha señalado Fitrat, quien ha manifestado que “debido a que muchas de las grandes potencias no son parte de este ‘tribunal’, no tiene sentido que una nación como Afganistán, que ha sufrido históricamente la ocupación extranjera y el yugo colonial, se vea sometido a su jurisdicción”.
Por ello, ha hecho hincapié en que “a la luz de las consideraciones antes mencionadas, el Emirato Islámico de Afganistán afirma formalmente que no reconoce ninguna obligación jurídica en virtud del Estatuto de Roma y considera que la adhesión de la administración anterior a este estatuto carece de validez jurídica”.
El comunicado ha sido publicado menos de un mes después de que el líder supremo de los talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada, ha rechazado las “amenazas” extranjeras contra Afganistán, después de la petición de la Fiscalía del TPI para que se emitan órdenes de arresto contra él y contra el jefe del aparato judicial, Abdulhakim Haqqani, por supuestos crímenes contra la humanidad relacionados con la “persecución por motivos de género” contra las mujeres afganas.
“Las potencias orientales y occidentales no pueden dañarnos y no nos plegaremos a sus amenazas. Esa es nuestra creencia”, subrayó, antes de aseverar que “la comunidad global debe entender que el sistema de los talibán fue creado para proteger el islam” y que la aplicación de la ‘sharia’ no es algo negociable para el grupo fundamentalista.
Previamente, el Ministerio de Exteriores afgano afirmara el viernes que la petición formulada por el fiscal jefe del TPI, Karim Khan, “como muchas otras decisiones del organismo”, “carece de una base legal justa, es una muestra de doble rasero y tiene motivaciones políticas”.
Khan anunció en enero que su oficina había presentado estas solicitudes después de que sus investigaciones hayan permitido determinar que “hay motivos razonables” para considerar que Ajundzada y Haqqani “tienen responsabilidad penal por el crimen contra la humanidad de persecución por motivos de género”.
Desde su regreso al poder en agosto de 2021, los talibán han impuesto una batería de restricciones a los derechos fundamentales de la población, especialmente de mujeres y niñas, llegando a prohibir que trabajen en el sector público, salvo en ámbitos de sanidad o educación primaria, algo que, sin embargo, ha sido recientemente aún más restringido.
El régimen impuesto por los talibán en Afganistán no ha recibido hasta la fecha el reconocimiento de ningún país ni organización internacional, si bien el grupo pide que se dé este paso y se retiren las sanciones impuestas contra Kabul para ayudar a las autoridades a hacer frente a la crisis económica y social, ahondada desde 2021.
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