MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, ha advertido de las “graves consecuencias” de la paralización de los proyectos legislativos en materia de sanidad para los pacientes crónicos debido a la convocatoria de elecciones generales, y la consecuente disolución de las Cortes.
Por ejemplo, lamentan el retraso en la aprobación definitiva de Ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, lo que supone “demorar la oportunidad para ampliar y reconocer los derechos de personas con enfermedades crónicas”.
La Ley de Equidad plantea, entre otras cuestiones, formalizar la participación de los pacientes a través del Foro Abierto de la Salud, la ampliación de derechos de asistencia sanitaria, imposibilitar que puedan introducirse nuevos copagos sanitarios y recuperar la cartera común de servicios.
Otro de los puntos que “queda en el limbo” es la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). “La aprobación del anteproyecto de Ley acercaba la participación efectiva de los pacientes, pero también impulsaba la protección de las personas con enfermedades crónicas, así como en la incorporación de la perspectiva de la prevención y promoción de la salud en los modelos de atención a la cronicidad del sistema sanitario y social”, denuncian a través de un comunicado.
“Es un freno en la colaboración entre entidades de pacientes y organizaciones sanitarias, algo esencial en la planificación y definición de políticas de salud pública. Es momento de seguir avanzando y contar con la perspectiva de los pacientes y las entidades que los representan en las políticas sanitarias, reconociéndonos como un agente sanitario y social más”, ha detallado la presidenta de la POP.
En cuanto al derecho al olvido oncológico, que permitiría borrar el cáncer del historial de un paciente recuperado para que no sea una traba para encontrar un trabajo o contratar un seguro, los pacientes también han censurado que “queda aparcada”.
En concreto, se iba a prohibir “la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de tener VIH/sida, o por otras condiciones de salud, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente”.
Otra de las normas que tampoco será tramitada será la Ley ELA, una norma que se basa en el reconocimiento del 33 por ciento de grado de discapacidad desde el diagnóstico de la patología, la atención preferente para que los pacientes cuenten con recursos técnicos y humanos especializados, la posibilidad de acogerse al bono social eléctrico en los casos avanzados en los que sea necesario el uso de ventilación mecánica, y el servicio domiciliario que garantice el acceso a la atención fisioterapéutica y especializada las 24 horas del día.
Por último, los pacientes critican que otra ley que queda pendiente es la de Salud Mental, que contemplaba unas ratios mínimas de profesionales.
Para la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, resulta “fundamental” que todas estas leyes “salgan adelante lo antes posible y con ello se dar solución a los problemas de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud para todas las personas con enfermedad crónica”.
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