MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
La Conferencia Episcopal Española (CEE) considera “conveniente” exigir a todas las personas que vayan a trabajar con menores en el ámbito educativo, pastoral, así como a monitores y voluntarios de diversas actividades vinculadas a la Iglesia, que firmen un documento de responsabilidad personal contra los abusos.
El formulario forma parte de los anexos del Protocolo marco de prevención en casos de abusos, que la Asamblea Plenaria y el Servicio de Asesoramiento y Coordinación de las Oficinas de Protección de Menores de la CEE publicaron recientemente en ‘paradarluz.com’, el portal de transparencia habilitado por el Episcopado español para informar sobre sus actuaciones contra esta lacra.
El secretario general y portavoz de la CEE, César García Magán, explicó en una entrevista en Servimedia que “hay un esfuerzo en todas las instituciones eclesiales para garantizar que eso no vuelva a ocurrir” e indicó que “la Conferencia Episcopal, en la última Asamblea Plenaria de noviembre, aprobó un protocolo de actuación para prevenir y formar para la prevención”. “Me consta (que se está haciendo) en las diócesis. Por ejemplo, en mi diócesis de Toledo hemos dado formación a todos los sacerdotes, seminaristas, catequistas y personal”, comentó.
Este documento de responsabilidad personal se suma al reglamentario Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales que todas las personas que trabajen con niños y vulnerables deben presentar, además de a la formación que deben recibir contra los abusos impulsada también por el protocolo de la Iglesia.
En concreto, el citado manifiesto recoge el “rechazo personal” del firmante “a todo tipo de abuso sexual, especialmente a menores” y señala que conoce “la doctrina y posición de la Iglesia sobre este asunto”, por lo que sabe “que la persona que incurre en este tipo de delitos manifiesta una conducta gravemente contraria a la ley de Dios y a las normas eclesiales”. También entiende “que la conducta del agresor sexual a menores es también delictiva según la legislación penal del Estado”.
Además, el manifiesto da fe de que el colaborador ha sido informado de las leyes vigentes y apunta a “que si cometiera cualquier acto de abusos de menores lo haría engañando y traicionando la voluntad de la Iglesia, siendo responsable” el firmante de dichos actos “única y exclusivamente”.
El objetivo final del protocolo es crear “un sistema de protección integral a las personas, fomentando la cultura de los buenos tratos en las instituciones religiosas y creando entornos seguros para las relaciones humanas”. Asimismo, llama “a trabajar activamente”.
“La Iglesia católica tiene un compromiso en estos momentos, claro, diáfano y abierto a la justicia restaurativa para las víctimas, con todas esas medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir, y con transparencia y colaboración con la autoridad civil. El que lo ha hecho es un delincuente y que cumpla lo que la ley establece, la ley civil y la ley canónica”, remarcó García Magán en Servimedia.
TRES PARTES
El protocolo, de 23 páginas, tiene tres partes, como explica en su introducción: “Una, toma conciencia de cómo actuar ante los hechos que se dan o las denuncias que puedan provocar. Otra, exige una profundización del mismo para saber distinguir y discernir y, por último, la tercera parte, trata de cómo diseñar la formación para prevenir”.
El primero de los objetivos del protocolo es la “prevención y la protección” a los abusos sexuales de menores y adultos vulnerables. El segundo, “protocolizar” el modo de actuación empezando por la detección, como la denuncia. Hay que procurar que “la intervención sea inmediata y ajustada a las leyes civiles y canónicas, y tratando de forma individualizada tanto a quien denuncia y a su familia, como al denunciado y a su entorno”. En tercer lugar, hay que encontrar “caminos de reparación y ayuda” ante el daño causado. Y, por último, ayudar a que el victimario asuma su rehabilitación y se tomen decisiones para evitar que esté en contacto habitual con niños.
El documento llama a ser conscientes de la “naturaleza religiosa” del daño porque “el daño ha roto la confianza en Dios” y muestra la preocupación de sus redactores porque su trabajo sea “estéril” y que “se archive sin divulgarlo y así pensar que ya está salvada la norma de tener un protocolo”.
En sus páginas aborda la acción preventiva, que incluye la presentación de los citados certificado de penales y el manifiesto personal, así como el compromiso a recibir formación “obligatoria” sobre materia de protección de menores y las leyes vigentes sobre ese ámbito.
“Es importante la entrevista personal, tanto a los trabajadores, como a voluntarios; la persona encargada de realizar la selección explorará, a través de esa entrevista, la motivación, intereses y expectativas de los posibles candidatos sobre su puesto y funciones a realizar. Siempre se informará de todas las normas vigentes en la diócesis y que tengan que ver con el trato directo con menores, así como la obligatoriedad de regirse por ellas y las sanciones previstas en caso de incumplimiento”, añaden los obispos.
El sistema de prevención también pasa por la labor de las oficinas diocesanas y de las instituciones religiosas que se han puesto en marcha -que ya serían más de 200- y un código de buenas prácticas.
DETECCIÓN Y PROCEDIMIENTO
El texto también instruye para la detección de los abusos, a través de indicadores físicos, la revelación del abuso (con pautas para facilitar la revelación) y el conocimiento o comportamiento sexualizado. En este punto plantea diversos ‘síntomas’ a tener en cuenta en los menores de 12 años y en las posibles víctimas mayores de esa edad y especifica, en los más pequeños, prestar atención a situaciones como la “erotización en las interacciones con otros menores”, la “masturbación compulsiva” o “acercamientos peculiares”. El documento también subraya los “síntomas psicosomáticos”, la “resistencia a desnudarse o ducharse” y las “conductas autolesivas”.
Cuando se detecta un caso, la CEE propone seguir “los principios básicos de protección tanto de la integridad física, como psíquica (evitando la doble victimización) y moral, así como de su identidad”; informar a los padres o tutores legales, y movilizar y ofrecer “de los recursos necesarios para su asesoramiento, atención y acompañamiento en el proceso judicial y personal, tanto a la víctima como a su familia”.
Si corresponde al caso de un sacerdote, además del civil está el procedimiento canónico: “Durante el tiempo que dure la investigación previa e incluso cuando concluya, se pueden tomar medidas cautelares y los observadores de velar por su cumplimiento”. Ese procedimiento canónico podrá abrirse incluso si el delito ha prescrito, como decidió recientemente el papa Francisco. El protocolo reconoce que aún debe completarse este apartado referente a las líneas de actuación en un proceso canónico.
JUSTICIA RESTAURATIVA
Finalmente, el documento plantea la justicia restaurativa, la que “implica activamente al ofensor, al perjudicado, y a sus entornos, también a las instituciones y a la comunidad” y que tiene como objetivos “apoyar a las víctimas, darles una voz, motivarlas a expresar sus necesidades, permitirles participar en el proceso de resolución y ofrecerles ayuda” y “reparar las relaciones dañadas por el delito y el pecado”, así como “denunciar el comportamiento criminal como inaceptable y reafirmar los valores de la Iglesia”.
Otros objetivos son “motivar la responsabilidad de todas las partes relacionadas, especialmente del ofensor y de la institución en la que se ha producido el daño”; “identificar resultados restaurativos y directos” y “reducir la reincidencia motivando el cambio del ofensor, facilitando su reintegración a la Iglesia y su conversión”.
Finalmente, la justicia restaurativa busca “identificar los factores que causan o que facilitan la ocurrencia de los delitos e informar a los responsables (…) para que implementen estrategias preventivas, de detección eficaz y de actuación en casos de sospecha o denuncia”.
Hace unas semanas la CEE solicitó a las oficinas de atención a las víctimas los datos recabados durante 2022 para el informe que hará público en los próximos meses. Asimismo, a finales del pasado año el propio secretario general envió una carta a los obispos y a las oficinas recomendando la colaboración con la Fiscalía General del Estado, que previamente había solicitado información sobre los abusos investigados a las diócesis.
En paralelo, siguen sus trabajos la comisión independiente encargada por la CEE al bufete Cremades&Calvo Sotelo para investigar los abusos en el seno de la Iglesia, y que según García Magán emitirá su informe “en primavera”. También el encomendado por el Parlamento al Defensor del Pueblo, que podría publicar el suyo a principios de verano.
- Te recomendamos -
