MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
Fondos y ahorradores más modestos no ven con buenos ojos la nueva Ley de Vivienda al considerar que genera inseguridad jurídica, y ponen en duda operaciones en España por la nueva norma.
Así lo comentaron fuentes del sector a Servimedia, una vez que la Ley de Vivienda recibió el visto bueno del Pleno del Congreso de los Diputados la semana pasada y pasó a tramitarse en el Senado, con el objetivo de que se apruebe definitivamente antes de las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo.
La norma introduce un nuevo tope al incremento anual del precio del alquiler que un propietario puede repercutir al inquilino en el momento de la revisión del contrato y será del 2% este año, el 3% en 2024 y en adelante se aplicará un índice pendiente de definir que ya no será el IPC.
También incluye condiciones para los contratos de alquiler en zonas tensionadas, de manera que los de pequeños propietarios en estas zonas deberán referenciarse al anterior y los nuevos contratos de estos pequeños propietarios tendrán que guiarse por el índice de referencia para grandes tenedores en zonas tensionadas si así lo deciden las comunidades autónomas. Los Gobiernos autonómicos, de hecho, también tendrán la facultad de rebajar de diez a cinco el número de viviendas para ser considerado gran tenedor. Del mismo modo, se rebajan las condiciones para que una comunidad pueda declarar una zona como tensionada.
HONORARIO DE LAS INMOBILIARIAS
También se obligará a los propietarios a pagar en exclusiva los honorarios de las inmobiliarias y se prohibirá que el propietario repercuta en el precio del alquiler al inquilino otros gastos tales como la tasa de basuras o los gastos de la comunidad.
Igualmente, habrá deducciones fiscales en el IRPF de hasta el 90% para los pequeños propietarios que pongan su casa en alquiler en áreas tensionadas.
Las fuentes consultadas por esta agencia apuntaron que es necesario incrementar la oferta con más viviendas y no introducir límites en la rentabilidad del alquiler porque esas viviendas terminan por convertirse en pisos turísticos, que son mucho más rentables en este momento, como sucede en ciudades como Madrid.
Consideraron que la ley no ataca, por ejemplo, los largos plazos desde que se licita suelo para construir hasta que se convierte en vivienda habitable e introduce prohibiciones que pueden incumplirse como la renovación de contratos de pequeños propietarios referenciados al anterior o que los honorarios de las inmobiliarias no sean finalmente repercutidos al inquilino. Insistieron en que hay un problema de oferta en las ciudades con más demanda que requiere que se construya más y se incentive por la vía fiscal que los pisos cerrados salgan al mercado.
EJEMPLO DEL PAÍS VASCO
Pusieron de ejemplo las desgravaciones fiscales en el País Vasco que, para alquiler de vivienda habitual, oscilan entre el 20% y el 30%, este último en caso para jóvenes menores de 30 años, y para compra de vivienda habitual son del 18% con carácter general y del 23% para jóvenes y familias numerosas. El País Vasco también bonifica el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados.
También citaron el ‘Plan Vive’ de la Comunidad de Madrid destinado a construir vivienda en alquiler asequible en suelos propiedad de la Comunidad. El objetivo anunciado por el Gobierno madrileño es poner en el mercado hasta 25.000 viviendas en ocho años destinadas prioritariamente a menores de 35 años, mayores de 65 años, personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género. Las parcelas se adjudican mediante concesiones de dominio público a terceros que se encargarán de la promoción de las viviendas en régimen de alquiler. Una vez finalizado el periodo de concesión, revertirán a la Comunidad de Madrid.
Otro de los problemas apuntados por estas fuentes es la condición de la vivienda protegida. La nueva norma incrementa los porcentajes a reservar del 30% al 40% en nuevas promociones y del 10% al 20% en renovaciones.
Este aspecto es considerado como un avance por las fuentes consultadas, si bien la crítica es que tradicionalmente, la vivienda protegida termina en manos privadas en cuanto finaliza su condición de protección, por lo que va desapareciendo. Al respecto, proponen una norma estatal que coordine todas las actuaciones en esta materia y permita mantener estas viviendas con protección.
PISOS DE LA SAREB
En cuanto a los anuncios por parte del Gobierno central de poner el alquiler asequible viviendas en propiedad de la Sareb o ‘banco malo’, estas fuentes no creen que sea solución por la ubicación de esas viviendas -en pequeñas poblaciones, por ejemplo- y el estado en el que se encuentran. Las viviendas que posee la Sareb proceden de hogares que en la crisis financiera de 2008 no pudieron hacer frente al pago de la hipoteca y fueron embargadas por los bancos. La Sareb también posee una promotora de vivienda, Árqura Homes.
Además, juzgan el plan de insuficiente al indicar que cada año se construyen unas 100.000 viviendas nuevas mientras que se crean 150.000 hogares. Estiman que se necesitan un millón de viviendas asequibles, con lo que al ritmo actual harían falta diez años para alcanzar ese objetivo.
- Te recomendamos -
