MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Las asociaciones profesionales Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) y Justicia Guardia Civil (JUCIL) han recurrido ante el Tribunal Supremo el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico de la Administración del Estado a Navarra, solicitando al alto tribunal una suspensión cautelar de la norma que lo acordó.
Según ha informado la UO en un comunicado, ha impugnado el Real Decreto 252/2023, de 4 de abril, al considerar que “no se ha seguido el procedimiento preceptivo” porque materializar la transferencia “requeriría la modificación del Amejoramiento del Fuero, necesitando, en síntesis, la mayoría absoluta de las Cortes, bien mediante procedimiento de ratificación, bien mediante específica ley orgánica”.
El Gobierno navarro y el Ejecutivo de Pedro Sánchez formalizaron el pasado marzo el traspaso de las competencias de tráfico a la comunidad foral, si bien no se hará efectivo hasta el 1 de julio.
La asociación profesional ha solicitado ya en su recurso la suspensión cautelar del real decreto, alegando que “iniciar y ejecutar ahora una transferencia de competencias en exclusividad que en un futuro hubiese que revocar, debido a una sentencia estimatoria, provocaría un perjuicio de graves consecuencias” para el servicio público y para “los intereses profesionales, particulares y familiares de guardias civiles y policías forales”.
“Lamentamos que, una vez más, después del alto precio que ha pagado la Guardia Civil y quienes la integran (junto a sus familias) por defender el sistema constitucional y democrático, se la utilice como moneda de cambio, de pago político, en aras al valor que representa su presencia como parte de la estructura del Estado en todo el territorio español”, dice la UO.
“MOTIVOS CLARAMENTE POLÍTICOS”
JUCIL, la asociación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, también ha anunciado que ha presentado un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo al entender que para hacer efectiva la transferencia “habría que modificar de forma previa el estatuto de autonomía de Navarra”.
En un comunicado, recuerda que el traspaso afecta a 220 guardias civiles que componen la Agrupación de Tráfico en esta comunidad,ya que las tareas de control de la circulación rodada pasan a la Policía Foral, recordando que ahora deberán ser “reubicados en otros servicios en el territorio navarra o desplazarse a otras comunidades”.
“La precipitación con la que se ha querido llevar a cabo la transferencia, por motivos claramente políticos, era incompatible con los tiempos y trámites parlamentarios necesarios, por lo que se ha optado por utilizar una fórmula que está prevista para la materialización del traspaso de competencias que ya han sido previamente asumidas, lo que no es el caso”, ha señalado Agustín Leal, secretario de Comunicación de JUCIL.
Hasta que el alto tribunal decida sobre el recurso de nulidad, JUCIL ha reclamado que se proceda a la suspensión cautelar de la aplicación “a la vista de los graves e irreparables perjuicios” tanto para los guardias civiles afectados como a sus familias, así como para la Administración estatal y autonómica.
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