La ‘número dos’ de la Fiscalía elaborará el informe definitivo para zanjar las discrepancias internas
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La mayoría de la junta de fiscales de la sección primera de lo penal del Tribunal Supremo (TS) ha decidido tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo al considerar que se debe investigar al ex presidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por Tsunami Democràtic en el otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del ‘procès. Sin embargo, la postura aún no es definitiva.
Tras una reunión que ha comenzado en torno a las 10.00 y ha durado cerca de cuatro horas, el criterio de la mayoría se ha impuesto provocando un vuelco en la postura oficial de la Fiscalía del TS, ya que Redondo proponía no imputar a Puigdemont, al tiempo que descartaba posibles delitos de terrorismo.
Según las fuentes fiscales consultadas por Europa Press, de los 15 fiscales que han participado en el cónclave, 11 han considerado que hay indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y contra el diputado del Parlament Ruben Wagensberg –ambos aforados–, mientras que 4 se han mostrado en contra. Con una mayoría aún más amplia, de 12 a 3, han estimado que puede haber delitos de terrorismo.
De esta forma, la mayoría de los fiscales de esta sección penal se ha alineado con el juez instructor de ‘Tsunami Democràtic’, Manuel García Castellón, que en una exposición razonada de más de 100 páginas pidió al alto tribunal investigar por terrorismo a Puigdemont, Wagensberg y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otras personas.
Sin embargo, este criterio mayoritario no es vinculante por cuanto los dos jefes de la sección primera, Fidel Cadena –fiscal del ‘procés’– y Joaquín Sánchez-Covisa han mostrado posiciones enfrentadas. Este último ha defendido el informe de Redondo mientras que Cadena se ha mostrado en contra, lo que implica que será el superior jerárquico de ambos, la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez-Conde, quien resuelva.
Así lo marca el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), previsto para “los asuntos de especial trascendencia o complejidad”. Aunque rara vez se ha activado, se ha consultado con los dos jefes de la otra sección penal de la Fiscalía del TS, Javier Huete y Pilar Fernández-Valcárcel, quienes han estado de acuerdo, junto con Cadena y Sánchez-Covisa, en que sea Sánchez-Conde quien decida.
No obstante, algunas voces ven en la utilización de este inusual mecanismo una especie de maniobra de la Fiscalía General del Estado para sortear el criterio mayoritario y mantener la tesis de Redondo, que devolvería el caso a la Audiencia Nacional (AN) para que siguiera investigándolo como desórdenes públicos agravados.
La labor de Sánchez-Conde será, por tanto, la de fijar la posición definitiva de la Fiscalía del Supremo en un último informe. Fuentes consultadas señalan que lo previsible es que se decante por la postura mantenida hasta ahora por los dos fiscales que han estudiado el caso, Redondo en el TS y Miguel Ángel Carballo en la AN.
Una vez emita el informe definitivo, se elevará a la Sala de lo Penal del Supremo, donde el magistrado Juan Ramón Berdugo será el encargado de estudiar el asunto para después argumentar ante los demás magistrados si procede o no dar curso a la exposición razonada firmada por García Castellón.
UN DEBATE VEHEMENTE
Fuentes fiscales confían en que, si Sánchez-Conde interesa no investigar a Puigdemont por terrorismo, el criterio mayoritario expresado este martes tendrá su peso en las deliberaciones de los magistrados. Al menos, da idea de que no hay una postura pacífica en el seno del Ministerio Público, destacan.
Las discrepancias internas han quedado patentes en la junta, donde se ha producido un debate vehemente en términos jurídicos pero no bronco, en el que han intervenido los 15 fiscales de la sección primera, de acuerdo con fuentes presentes.
Redondo ha defendido su informe y ha querido explicar a sus compañeros por qué elaboró un primer texto donde sostenía la tesis contraria, esto es, que se investigara a Puigdemont por terrorismo, después de que informaciones periodísticas apuntaran a una posible instrucción del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El fiscal ha manifestado que fue fruto de un primer análisis rápido, pero que estudiada a fondo la causa cambió de opinión, de ahí que elaborara un segundo informe, que ha sido su última versión. Al termino de la reunión, ha asegurado a algunos compañeros que asistió a la reunión con García Ortiz ya convencido de que no había indicios para imputar a Puigdemont por terrorismo, negándoles tajantemente que sufiera presiones.
Redondo ya trasladó esta misma versión en un comunicado difundido el lunes, al que siguió otro de García Ortiz donde negó que hubiera “influido” en el informe del fiscal. La polémica desatada en torno a la figura de Redondo ha sido tal que la junta se ha planteado emitir una declaración de apoyo, si bien la iniciativa no ha salido adelante.
PUIGDEMONT, EN EL “VÉRTICE”
En la exposición razonada, el magistrado de la AN argumentó que existen “indicios” de la participación de Puigdemont, Wagensberg, Rovira y otras diez personas en la comisión de hechos “susceptibles de integrar un delito de terrorismo”.
García Castellón apreció terrorismo por la grave afectación a infraestructuras estratégicas, como el aeropuerto de El Prat; las lesiones sufridas por policías, donde ve intencionalidad homicida; o la muerte de un ciudadano francés en medio de las protestas por un infarto.
Situó a Puigdemont en el “vértice más alto” de Tsunami Democràtic, indicando que su posición como ex president y “líder desde Bruselas del independentismo le atribuye una posición de autoridad incuestionable”.
Entonces, se basó en conversaciones de Puigdemont y su jefe de Gabinete, Josep Lluis Alay, con empresarios; las reuniones en Ginebra de partidos y entidades soberanistas con la presencia del entonces president; o su “impulso directo” a campañas en redes sociales.
EL INFORME DE REDONDO
En contra de esta opinión se han mostrado tanto Carballo como Redondo. El fiscal del TS defendió en su informe del 30 de enero, el rechazado este martes por sus compañeros, que no había indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont y Wagensberg. A su juicio, eran “demasiado abiertos”, por lo que instaba a García Castellón a seguir investigando.
Por otro lado, Redondo se detenía en el análisis jurídico de los hechos presentados por el juez instructor para concluir que “no concurre el tipo penal de terrorismo”, razonando que para ello debe darse “la comisión de un delito grave contra la integridad física o moral, o contra la libertad, llevado a cabo para alterar gravemente la paz pública”, circunstancias que no observa en ‘Tsunami Democràtic’.
Descartaba igualmente el delito electoral señalado por García Castellón porque, aunque “se realizaron actividades culturales, políticas y festivas en todas las ciudades, pueblos y barrios del territorio de la comunidad catalana, pretendiendo con ello interferir en el proceso electoral”, no hubo “violencia o intimidación a los electores” para que votaran o dificultar su entrada y salida de los colegios electorales, ni “una grave perturbación del acto electoral”.
Por contra, el fiscal indicaba que la ocupación del Prat, el bloqueo de autopistas, los disturbios causados durante la huelga general convocada por Tsunami Democràtic, la interrupción de un partido de fútbol y las manifestaciones realizadas son “indiciariamente constitutivos” de desórdenes públicos graves.
A todo ello, Redondo sumaba de forma indiciaria un delito de falsedad en documento mercantil, por la falsificación de los billetes de avión y de las tarjetas de embarque, y otro de daños por los causados en las instalaciones afectadas.
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