MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
Aumentar el copago se juzga “políticamente inviable”, pese a que en los “principales” Estados de la Unión Europea la cantidad real pagada por los usuarios “es mucho mayor” que la que se paga en España.
Estas son algunas de las conclusiones del Observatorio del Medicamento correspondiente al mes de noviembre publicado este jueves por la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y según el cual el copago es, “sin duda”, la medida “más eficaz para el control del gasto farmacéutico”.
“Decenas de rigurosos trabajos científicos evidencian la notable eficacia del copago”, defendió el Observatorio, para el que la bibliografía “es unánime en su conclusión”, en el sentido de que el copago “produce una disminución del uso” de medicamentos.
Con todo, reconoció que se trata de “la última medida a la que recurriría un gobierno”. “Y no solo por su mala fama entre los usuarios, sino también porque tiene consecuencias sanitarias en los colectivos menos favorecidos”, apostilló.
En este punto, aseveró que el copago “no es un asunto sencillo, aunque hay políticos que aprovechan su complejidad para oscurecer su perfil real e inducir un fácil rechazo popular”. “Sin embargo, puede ser necesario para evitar el llamado “riesgo moral” y el “síndrome de la barra libre” que conlleva la falta de copagos”, abundó, para subrayar que, en España, “el único copago existente es el farmacéutico”.
MODIFICACIÓN DE 2012
El Observatorio hizo hincapié en que la modificación del año 2012 “abocó” a un descenso en los dos años “inmediatos” de “más de 150 millones de recetas que, a 12 euros, son 1.800 millones de euros” y en que “se ha tardado en recuperar el consumo inicial más de 10 años”.
“Juzgamos también que no será fácil introducir ninguna modificación en el copago, más allá de dividir en tramos la población que tiene rentas superiores a 18.000 euros e inferiores a 100.000”, puntualizó.
A este respecto, indicó que los cambios en el sistema de copago farmacéutico introducidos en los últimos años para “eximir” a nuevos colectivos como los menores con discapacidad mayor al 33% o los pensionistas con rentas más bajas “han elevado el número de personas que no deben pagar por sus medicamentos”. Un colectivo que representa ya el 15% de las tarjetas sanitarias en vigor en 2022 según datos del Ministerio de Sanidad, frente al 4,4% que representaba en 2018.
En concreto, de las 47,3 millones de tarjetas sanitarias contabilizadas en 2022, incluidas las de no asegurados o extranjeros con convenio, 7,3 millones de personas disponían del código TSI 001, el reservado a las personas exentas de copago farmacéutico, lo que, según los cálculos del Observatorio, “supone 5,2 millones más de personas en esta situación que hace tan sólo cinco años”.
“Otro factor a tener en cuenta es la existencia de medicamentos con aportación reducida con un gran impacto en el consumo, ya que, en su mayor parte, son tratamientos de larga duración”, continuó, para advertir de que, “ni el Ministerio, ni las comunidades autónomas informan sobre cuánto representan los medicamentos con aportación reducida”.
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